La pelea entre el gobierno y Hugo Moyano sigue escalando peldaños. El gremio apelará hoy judicialmente la medida y amenaza con llamar a un paro si finalmente les retienen fondos del sindicato y su obra social.

El enfrentamiento entre el gobierno y Hugo Moyano sigue escalando peldaños: en menos de 24 horas, la justicia decretó el embargo preventivo de las cuentas bancarias de Camioneros por $810 millones a raíz de la multa que le aplicó el viernes pasado el Ministerio de Trabajo, que tramita una segunda sanción por la que convocó al gremio a un descargo el próximo viernes, por incumplir una conciliación obligatoria en enero pasado.

En el gremio, en tanto, hoy apelarán judicialmente la medida y sostienen que “tanto la sanción como el pedido de embargo’ son ‘nulos”. En paralelo, Pablo Moyano y otros dirigentes del entorno moyanista amenazaron con la convocatoria a un paro si se concretara la retención de los fondos del sindicato y su obra social.

La tensión entre el Ejecutivo y el moyanismo viene de principios de año: fue así que el Ministerio de Trabajo comenzó dos "procedimientos sancionatorios" contra la Federación de Camioneros.

El primero tuvo su resolución el último viernes y derivó en una sanción de $809.790.710, calculada por la ley 25.212 por “haber constituido una violación a la resolución dictada, la cual fue constatada por inspectores de la cartera laboral”. Se refiere al supuesto incumplimiento de la conciliación obligatoria dictada el 26 de diciembre de 2017.

El segundo proceso se inició por la violación a la conciliación obligatoria dictada el pasado 5 de junio, cuando el gremio y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) negociaban paritarias, el 14 de ese mismo mes.

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Aquel 5 de junio el Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria por el plazo de 15 días hábiles ante “las medidas de acción directa implementadas por el sindicato de Camioneros. Las mismas resultaban ilegítimas y generaban un perjuicio a la buena fe negocial de las partes, existiendo un acuerdo paritario vigente hasta fin del mes de junio para el sector y encontrándose en curso las negociaciones para alcanzar un nuevo acuerdo correspondiente al período julio 2018-junio 2019”.

Con todo, el pasado lunes Trabajo pidió al Juzgado Nacional de Trabajo Nº 69, a cargo de José Ramonet, el pedido de ejecución de la primera sanción. Ayer por la tarde se conoció que el magistrado dictó el embargo preventivo de las cuentas bancarias de Camioneros.

Sin embargo, el abogado de Camioneros, Rodrigo Condori, anticipó ayer por la tarde a este diario que hoy “pediremos una cautelar a la Cámara Laboral para que suspenda el embargo”.

Respecto a la rapidez con que se conoció la resolución judicial, el letrado dijo que “no nos sorprendió, claramente es una maniobra. Qué duda cabe”.

Sí confirmó que Trabajo los convocó para el viernes 3 a una audiencia para que ofrezcan un descargo respecto al segundo procedimiento sancionatorio, constatado supuestamente por inspectores oficiales el 14 de junio, el mismo que también impugna Camioneros.

En el gobierno sostienen que el gremio tiene que “cumplir con la ley” y que en caso que lance una medida de fuerza para presionar al Ejecutivo, “se podrían aplicar sanciones mayores, como la pérdida de la personería gremial”.

En este sentido, un importante funcionario dijo a este diario que “no se puede apretar más al Estado” y que el presidente Mauricio Macri “no tolera más las extorsiones de Moyano”. En el sindicalismo sostienen que estas diferencias antes se rectificaban políticamente, pero el actual escenario impide ese acuerdo. “El 99% de los sindicatos acepta una conciliación. Y acá encima enseguida abrieron una nulidad de la sanción y no plantearon ningún canal de diálogo”, completó la calificada fuente consultada.

En paralelo, el gobierno continúa enfrentando a los gremios docentes -que ayer cumplieron una nueva jornada de paro nacional- cuestionando el rol de CTERA, la central hasta la que hace poco tiempo ninguneaba por no tener representación en las provincias.

En este contexto, el enfrentamiento entre la Casa Rosada y los Moyano tiene varias lecturas: para el Gobierno se trata del “fin de la impunidad y las extorsiones” ante faltas que en otras épocas se solucionaban políticamente y también por la meta oficial de reducción de los costos logísticos que atraigan más inversiones. Para Moyano, en tanto, la pelea con Macri se origina por la oposición del gremio a la frustrada reforma laboral y porque -como expresó el dirigente- “rompimos el techo paritario del 15%. Claro que nos tienen de enemigos: frenamos la ley y evitamos que haya sueldos de miseria”.

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