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El Ejecutivo de Rodrigo Paz intentará despejar este sábado la ruta que conecta La Paz con Oruro en medio de protestas que ya llevan 17 días. El operativo estará a cargo de la Policía y las Fuerzas Armadas.
El gobierno de Bolivia anunció este sábado una nueva operación policial y militar para intentar levantar los bloqueos que afectan a La Paz y otras regiones del país, en medio de una creciente crisis política y social. La administración de Rodrigo Paz informó que el operativo se realizará bajo el nombre “Corredor humanitario de las banderas blancas” y tendrá como objetivo despejar la ruta que une la capital boliviana con Oruro, una vía estratégica para el abastecimiento de alimentos, medicamentos y oxígeno.
La medida fue comunicada por el portavoz presidencial, José Luis Gálvez, junto a varios ministros del gabinete, quienes señalaron que el operativo buscará restablecer la circulación tras más de dos semanas de protestas y cortes de ruta. Los bloqueos son impulsados por organizaciones campesinas, sindicatos y sectores afines al expresidente Evo Morales, que reclaman la renuncia de Paz en medio de la crisis económica que atraviesa el país.
El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, explicó que la intervención estará a cargo de la Policía boliviana con apoyo logístico de las Fuerzas Armadas y de la Administradora Boliviana de Carreteras. Según indicó, se utilizará maquinaria pesada para remover piedras, tierra y otros elementos colocados por los manifestantes en distintos puntos de las rutas.
“El objetivo de este operativo es permitir que a El Alto y La Paz lleguen alimentos, oxígeno, medicamentos y todo lo que requieren las poblaciones de estas ciudades”, sostuvo Oviedo. El funcionario aseguró además que la operación contará con el acompañamiento de organismos de derechos humanos, la Cruz Roja y representantes de la Iglesia católica para evitar hechos de violencia.
El intento fallido de llegar a un acuerdo
La nueva ofensiva oficial se produce después de un intento fallido realizado el sábado pasado. En aquella oportunidad, las fuerzas de seguridad avanzaron sobre algunos bloqueos en el sur de La Paz y en sectores de El Alto, pero encontraron una fuerte resistencia de manifestantes que respondieron con piedras y cartuchos de dinamita frente al uso de gases lacrimógenos por parte de la Policía.
Tras varias horas de tensión, el Gobierno ordenó el repliegue de efectivos para evitar un “derramamiento de sangre”, según reconocieron las autoridades. Sin embargo, una vez retiradas las fuerzas de seguridad, los grupos movilizados retomaron rápidamente los cortes y reforzaron las protestas.
En paralelo, el ministro de Desarrollo Productivo, Rural y Aguas, Óscar Mario Justiniano, convocó a los dirigentes de la Federación de Campesinos Tupac Katari a iniciar una negociación el próximo domingo. El funcionario admitió que existen reclamos “legítimos” vinculados con la situación económica y llamó a encontrar una salida consensuada al conflicto.
“Yo personalmente, como productor, sé cuánto se sufre cuando su producción termina arruinada por días de bloqueo. Esto es lo que tenemos que superar, porque al final del día todos somos productores”, afirmó Justiniano durante la conferencia de prensa brindada en La Paz.
Las protestas comenzaron en la capital boliviana, pero en los últimos días se extendieron a Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí y Chuquisaca. Las movilizaciones reúnen a campesinos, obreros, mineros, transportistas y docentes, muchos de ellos identificados con el liderazgo político de Evo Morales.
El viernes se registraron nuevos enfrentamientos en el centro paceño, donde manifestantes intentaron acercarse a la Plaza Murillo, sede del Palacio de Gobierno. La Policía respondió con gases lacrimógenos mientras algunos grupos arrojaban piedras y detonaban explosivos de fabricación casera. Según reportó la agencia AFP, hubo al menos tres detenidos durante la jornada.
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El gobierno de Rodrigo Paz también destacó las movilizaciones realizadas en distintos departamentos en respaldo al orden constitucional y a la continuidad democrática. “La inmensa mayoría de los bolivianos repudia toda forma de violencia”, sostuvo el portavoz presidencial José Luis Gálvez al defender la respuesta oficial frente a las protestas.
Bolivia atraviesa una de las crisis económicas más severas de las últimas décadas. La inflación interanual alcanzó el 14% en abril y los reclamos iniciales por el aumento del costo de vida, la falta de combustibles y el deterioro salarial derivaron en una demanda política más amplia que ahora apunta directamente contra el Gobierno nacional.
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