Enterada de la noticia,
Dilma sonrió y se abrazó con el ministro de educación Aloízio Mercadante. "Ahora canten, de aquí a poco", pidió Rousseff al público que recibió a los gritos la noticia sobre la decisión de Maranhao.
"Sé que un recurso (contra el proceso) fue aceptado", y "no puedo fingir que no estoy sabiendo", declaró la mandataria, y pidió a los presentes "cautela", porque
"vivimos una coyuntura de mañas y artimañas".
Sondeos y analistas coincidían en que estas podían ser las horas finales del mandato de la primera presidenta de Brasil, una ex guerrillera de 68 años reelegida hasta 2018 que denuncia un "golpe parlamentario" en su contra.
El pleno de 81 senadores se preparaba para votar este miércoles si aceptaba o rechazaba la recomendación de una comisión especial del Senado que aprobó hace tres días por holgada mayoría la destitución de Rousseff y apartarla del poder por hasta 180 días mientras se tramita el proceso y se llega a una sentencia definitiva.
Rousseff no es blanco de ninguna investigación o acusación por corrupción. Pero tanto sus mayores aliados -incluido el ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva- como sus más acérrimos enemigos son investigados o acusados en el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil, que
defraudó a Petrobras en más de 2.000 millones de dólares y engrosó bolsillos de políticos del gobernante PT y aliados, así como las arcas de sus partidos.
El arquitecto del impeachment, el diputado
Eduardo Cunha, fue suspendido la semana pasada por la Corte Suprema de su cargo como presidente de la cámara baja por intentar obstruir investigaciones en su contra vinculadas al escándalo en Petrobras.
Cunha, aliado de Temer y considerado uno de los políticos más poderosos y astutos del país, es
acusado por la fiscalía de tener cuentas secretas en Suiza, de usar a aliados para pedir sobornos a empresas con contratos con Petrobras y de desviar dinero en contratos de Furnas, una subsidiaria de la estatal Eletrobras.
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