La Policía Federal del país vecino intenta detener a más de 400 miembros del Primer Comando de la Capital, dedicado al narcotráfico y contrabando de armamento.

En un operativo masivo, la Policía Federal brasileña intentaba este lunes para detener a más de 400 miembros del Primer Comando de la Capital (PCC), considerado la organización delictiva más poderosa del territorio y con ramificaciones en el narcotráfico y el contrabando de armas en otros países.

El megaoperativo incluyó 422 órdenes de detención emitidas por la Justicia federal del estado de Minas Gerais.

También se realizó el allanamiento e incautación de documentación en 201 domicilios privados y oficinas en 20 de los 27 estados del país.

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Se trata de una de las redadas más importantes lanzadas contra el grupo criminal que controla de hecho decenas de cárceles en todo el país, es responsable de robos a bancos y camiones de caudales y es un actor central en el mapa regional e internacional del narcotráfico.

El PCC actúa fuera de las fronteras brasileñas, con ramificaciones en Paraguay, Bolivia y Colombia. Además tiene participación en la red que envía cocaína a Europa, especialmente desde puertos del sudeste de Brasil, como el de Santos, el más importante del país.

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OPERATIVO CAJA FUERTE

Bautizado como "Caja Fuerte", el operativo iniciado esta mañana intenta desbaratar una red de pago a las familias de varios capos de la banda que están presos.

Para conseguirlo, la Justicia además bloqueó un poco menos de 50 millones de dólares depositados en cuentas bancarias de familiares o testaferros de integrantes del PCC.

Según la investigación, 220 personas que se encuentran actualmente en diferentes cárceles recibían un subsidio mensual del PCC por ocupar "cargos de alto rango" en la organización criminal o realizar "misiones, como la ejecución de funcionarios públicos".

Alexander Castro, coordinador de la Fuerza Integrada de Combate al Crimen Organizado de Minas Gerais, explicó que los pagos variaban dependiendo del cargo del preso.

Los pagos se realizaban a través de personas que no pertenecen al PCC, con el objetivo de evitar la identificación de los recursos por parte de las autoridades.

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