La Corte Penal Internacional acusó al presidente ruso de ser "presunto responsable" de la deportación ilegal de niños ucranianos a Rusia.

La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este viernes una orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, como "presunto responsable" de la deportación ilegal de niños ucranianos y su traslado de Ucrania a Rusia, lo que supone un crimen de guerra según el tratado de este tribunal, el Estatuto de Roma.

La sala de cuestiones preliminares de la CPI también emitió una segunda orden de detención contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.

Ambas órdenes de detención son las primeras de su tipo que emite la CPI en el contexto de su investigación de presuntos crímenes en la guerra en Ucrania.

"Vladímir Vladimirovich Putin, nacido el 7 de octubre de 1952, presidente de la Federación de Rusia, es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños) y traslado ilegal de población (niños) de las zonas ocupadas de Ucrania a Rusia", dice la acusación formal que argumenta la emisión de la orden de arresto.

Los delitos de los que se le acusa ocurrieron al menos desde el 24 de febrero de 2022 en el "territorio ocupado de Ucrania", señaló la CPI, que considera que hay "motivos razonables" para creer que Putin tiene "responsabilidad penal individual" por el crimen de guerra que supone la deportación de menores.

La responsabilidad individual de Putin, como jefe de Estado y responsable superior, podría traducirse tanto en "haber cometido los actos directamente, junto con otros o a través de otros", o por "no haber ejercido un control adecuado sobre sus subordinados civiles o militares que cometieron los actos o permitieron su comisión y estaban bajo su control y autoridad efectiva", según se explica en el artículo 28 del tratado fundacional de la CPI.

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En lo que respecta a Lvova-Belova, la CPI considera que tiene "responsabilidad penal individual" por el mismo tipo de crimen de guerra tras "haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros" desde el 24 de febrero del año pasado, fecha en la que comenzó la invasión rusa de Ucrania.

El fiscal de la CPI, Karim Khan, solicitó al tribunal autorización para emitir estas dos órdenes de detención el pasado 22 de febrero, según comunicó hoy la CPI.

La Corte también detalla que estas órdenes son generalmente secretas para proteger a las víctimas, los testigos y la investigación en curso sobre Ucrania, pero aceptó hacer públicos los nombres de los sospechosos porque "la conducta abordada en la presente situación supuestamente continúa" y hacer pública esta información podría contribuir a la prevención de nuevos delitos.

Rusia no ha ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional de la CPI, por lo que no es miembro de este tribunal, como tampoco lo es Ucrania, pero Kiev sí ha autorizado a la Corte a investigar la comisión de crímenes de guerra durante la invasión rusa.

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Rusia considera "nula jurídicamente" la orden de arresto

Rusia calificó de "nula jurídicamente" la orden de arresto contra el titular del Kremlin, Vladimir Putin, ordenada por la Corte Penal Internacional por supuestos crímenes de guerra.

"Las posibles 'prescripciones' de arresto que salgan del Tribunal Internacional serán para nosotros jurídicamente nulas", escribió María Zajárov, portavoz de Exteriores rusa, en su canal de Telegram.

"Este es un día importante", expresó Human Rights Watch

Human Rights Watch (HRW) celebró este viernes la orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin, emitida por la Corte Penal Internacional y la destacó como el "primer paso para acabar con la impunidad" de los crímenes cometidos por Rusia en Ucrania.

"Este es un día importante para muchas víctimas de crímenes cometidos por las fuerzas rusas en Ucrania desde 2014", señaló en un breve comunicado Balkees Jarrah, directora adjunta para Justicia Internacional de la organización no gubernamental.

Según Jarrah, con esta orden de arresto se da "el primer paso para acabar con la impunidad que ha envalentonado a los criminales en la guerra de Rusia contra Ucrania por demasiado tiempo".

Además, para HRW la decisión de la CPI supone "un claro mensaje de que dar órdenes para cometer o tolerar serios delitos contra civiles puede llevar a una celda en La Haya".

"Las órdenes de arresto de la Corte son una llamada de atención para otros que cometen abusos o los encubren de que su día ante la Justicia puede estar cerca, independientemente de su rango o posición", señaló Jarrah.

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