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Un tribunal de Arizona ordenó a Uber pagar US$8,5 millones a una pasajera en 2023 y fijó un precedente clave sobre la responsabilidad de las plataformas.
Un tribunal federal de Arizona, Estado Unidos, condenó a Uber a pagar 8,5 millones de dólares a una pasajera que fue violada por uno de sus choferes en 2023. El fallo marca un precedente clave al establecer que la empresa puede ser considerada responsable por hechos ocurridos durante viajes gestionados a través de su plataforma.
La víctima, Jaylynn D., denunció que fue atacada sexualmente mientras utilizaba el servicio de transporte. Durante el juicio, la defensa de Uber volvió a sostener que los conductores son contratistas independientes y que la compañía solo actúa como intermediaria tecnológica. Sin embargo, el jurado rechazó ese argumento y concluyó que la firma sí tiene obligaciones en materia de seguridad hacia sus usuarios.
En el proceso judicial se presentaron documentos internos de Uber que, según los abogados de la demandante, evidenciaron que la empresa demoró la implementación de medidas de protección, como la instalación de cámaras en los vehículos, por temor a afectar su ritmo de crecimiento. También se expuso que el sistema interno de evaluación de riesgos había identificado el viaje de Jaylynn D. como de “riesgo elevado” minutos antes de que subiera al auto, sin que la empresa emitiera ninguna advertencia.
Un fallo clave
Para los especialistas, el fallo redefine el alcance de la responsabilidad de las plataformas digitales y cuestiona el modelo defensivo que Uber sostuvo durante años en casos de violencia sexual. La compañía enfrenta actualmente más de 3.000 demandas similares en Estados Unidos, por lo que la sentencia podría influir de manera directa en futuros litigios.
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Desde Uber no emitieron comentarios detallados tras conocerse el veredicto, aunque en otras oportunidades la empresa afirmó haber reforzado sus políticas de seguridad y los controles sobre los conductores. No obstante, la resolución judicial abre un nuevo escenario legal para la industria del transporte por aplicaciones y vuelve a poner en debate la protección de los usuarios.