La defensa del ex presidente de Brasil evaluará la próxima semana si acepta el pedido de la Fiscalía. El líder del Partido de los Trabajadores está en prisión desde el 7 de abril de 2018

La causa Lava Jato continúa con sorpresas. A ultima hora de este viernes, la fiscalía de que investiga el caso de corrupción pidió a la Justicia de ejecución penal conceder el arresto domiciliario al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, detenido en la ciudad de Curitiba. Los fundamentos del requerimiento son que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) ya cumplió parte de la pena y siempre mantuvo un buen comportamiento.

Detenido desde el 7 de abril de 2018, Lula tiene la posibilidad de acceder a este beneficio pero -hasta el momento- se negó porque primero espera un habeas corpus presentado ante la corte suprema brasileña para declarar parcial al magistrado que lo condenó, el hoy ministro Sérgio Moro.

El líder opositor se encuentra detenido en una celda de la Policía Federal en Curitiba, capital del estado sureño de Paraná, fronterizo con Misiones, para cumplir una pena de ocho años y diez meses porque el entonces juez Moro, a pedido de la Fiscalía, lo consideró culpable de recibir un departamento supuestamente como coima de la constructora OAS.

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Lula ya había anticipado mediante sus abogados que no quería el beneficio por haber cumplido un sexto de la condena ya que espera un habeas corpus del Supremo Tribunal Federal en el cual busca que la corte reconozca la manipulación del caso, sobre todo tras las revelaciones de supuesta corrupción judicial en Lava Jato reveladas por el sitio The Intercept Brasil.

El líder del Partido de los Trabajadores, que gobernó Brasil entre 2003 y 2011, recibió el pedido por buen comportamiento y por haber cumplido un sexto de la pena por parte de los 15 fiscales de la Operación Lava Jato, incluido Deltan Dallagnol, jefe de ese equipo.

Dallagnol es investigado por sus superiores por supuestas maniobras ilegales en el manejo de la operación que se inició en 2014 y que provoca aún un terremoto político, a tal punto que el juez del caso, Moro, es el ministro más popular del presidente Jair Bolsonaro.

La defensa del ex presidente evaluará la próxima semana si acepta el pedido de la Fiscalía.

"Siempre hay que tener en cuenta que la intención es que la corte suprema aborde las presentaciones para anular todo el proceso, que fue basado en la ilegalidad", afirmó a medios locales el defensor de Lula, Cristiano Zanin Martins.

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