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El presidente de los Estados Unidos firmó una orden ejecutiva que declara “emergencia nacional” para evitar embargos o procesos judiciales sobre los ingresos por venta de crudo venezolano depositados en cuentas del Tesoro estadounidense.
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó el viernes una orden ejecutiva para proteger los ingresos derivados de la venta de petróleo venezolano que se encuentran depositados en cuentas del Departamento del Tesoro de EE.UU., frente a embargos, procesos judiciales o cualquier intento de incautación por parte de terceros.
La Casa Blanca informó que esta acción se funda en la convicción de que la posibilidad de embargo o reclamos constituye “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior” de ese país, y por ello Trump declaró la situación como una emergencia nacional.
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Según la hoja informativa oficial, la orden bloquea cualquier medida de embargo, embargo preventivo, sentencia u otro proceso judicial sobre los “Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros”, término con el que se identifica a los ingresos del petróleo venezolano y de la venta de diluyentes que el Gobierno venezolano tiene bajo custodia estadounidense.
La instrucción establece que tales fondos son propiedad soberana de Venezuela, aunque estén bajo administración de EE.UU., y que solo podrán ser transferidos o utilizados “según lo determine el Secretario de Estado”.
Estabilidad económica
La Casa Blanca justificó la orden como un paso fundamental para garantizar la estabilidad económica y política en Venezuela, sosteniendo que permitir reclamaciones legales sobre esos fondos podría poner en riesgo varios objetivos de la política exterior estadounidense. Entre ellos, mencionó el intento de frenar la afluencia de migrantes irregulares hacia territorio estadounidense, combatir el narcotráfico que azota a las comunidades de ese país y contrarrestar la influencia de actores que Washington califica como “malignos”, como Irán o Hezbolá.
La medida ocurre en un contexto de gran tensión entre Washington y Caracas. En los últimos días, el Gobierno de Trump redujo aún más las restricciones sobre el petróleo venezolano, afirmando que se espera vender entre 30 y 50 millones de barriles de crudo al mercado estadounidense, con la idea de que sus ingresos “beneficien tanto al pueblo venezolano como a los intereses estadounidenses”.
El decreto también ordena al Secretario del Tesoro a designar claramente estos fondos como propiedad del Estado venezolano, a cumplir con las instrucciones de desembolsos que precise el Departamento de Estado y a consultar con la Procuraduría General y el Secretario de Energía sobre su administración.
Se trata de un paquete de medidas que, en los hechos, busca anular cualquier posibilidad de que acreedores o cortes de justicia puedan reclamar esos recursos, incluso si existen antigüas deudas contraídas por Venezuela con empresas y privatizadores.
Críticos de la administración Trump señalan que la orden podría agravar fricciones diplomáticas y complicar la recuperación económica de Venezuela, ya que pone esos fondos bajo control estadounidense y complica posibles soluciones negociadas con acreedores internacionales. Defensores de la medida, en cambio, sostienen que este tipo de protección es necesaria para “coordinar la estabilidad regional y proteger los intereses de Estados Unidos y sus aliados en el hemisferio”.