El presidente de los Estados Unidos fue a la Justicia contra uno de los bancos más poderosos de Wall Street y pide una compensación de 5.000 millones de dólares.

Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, denunció a la JP Morgan Chase y su CEO, Jamie Dimon, acusándolos de retirarle los servicios financieros y cerrar sus cuentas por razones políticas.

La demanda, presentada en un tribunal estatal del condado de Miami-Dade, incluye una compensación que llega al menos 5.000 millones de dólares.

Todo comenzó luego de que JP Morgan Chase informara a Trump y a sus empresas, en febrero de 2021, que cerraría sus cuentas y les otorgaba un plazo de 60 días.

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La medida afectó al entorno del presidente estadounidense, incluidas sus propiedades y sus negocios familiares. Según la denuncia, la JP Morgan no informó motivos concretos para la decisión e incluyó a Trump.

La inclusión en la llamada “lista negra” se extendió a cualquier cuenta de gestión patrimonial en la que Trump y sus allegados tuvieran participación, lo que, según la demanda, habría sido autorizado personalmente por Jamie Dimon.

Para el banco JP Morgan, el riesgo país para la Argentina superó los 900 puntos, valor que no se alcanzaba desde abril.

El documento sostiene que la medida indujo a otras instituciones financieras a negar servicios a los demandantes, generando dificultades para operar y realizar transacciones habituales en el sistema bancario.

La demanda, a la que tuvieron acceso medios internacionales, sostiene que JP Morgan Chase actuó motivado por “creencias progresistas” y por una supuesta necesidad de distanciarse de las posturas conservadoras del presidente estadounidense.

El texto judicial argumenta que la decisión del banco obedeció a factores políticos y sociales, y no a criterios financieros o de riesgo regulatorio, como sostiene la entidad.

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En el documento presentado ante la justicia, los abogados de Trump acusan a JP Morgan Chase de “difamación comercial” e “incumplimiento del pacto implícito de buena fe y trato justo”.

Además, atribuyen a Dimon la violación de la Ley de Prácticas Comerciales Desleales y Engañosas de Florida. El entorno del presidente sostiene que la cancelación de cuentas representó una forma de discriminación y exclusión del sistema bancario, lo que derivó en perjuicios económicos y reputacionales.

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