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El presidente de los Estados Unidos fue a la Justicia contra uno de los bancos más poderosos de Wall Street y pide una compensación de 5.000 millones de dólares.
Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, denunció a la JP Morgan Chase y su CEO, Jamie Dimon, acusándolos de retirarle los servicios financieros y cerrar sus cuentas por razones políticas.
La demanda, presentada en un tribunal estatal del condado de Miami-Dade, incluye una compensación que llega al menos 5.000 millones de dólares.
Todo comenzó luego de que JP Morgan Chase informara a Trump y a sus empresas, en febrero de 2021, que cerraría sus cuentas y les otorgaba un plazo de 60 días.
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La medida afectó al entorno del presidente estadounidense, incluidas sus propiedades y sus negocios familiares. Según la denuncia, la JP Morgan no informó motivos concretos para la decisión e incluyó a Trump.
La inclusión en la llamada “lista negra” se extendió a cualquier cuenta de gestión patrimonial en la que Trump y sus allegados tuvieran participación, lo que, según la demanda, habría sido autorizado personalmente por Jamie Dimon.
El documento sostiene que la medida indujo a otras instituciones financieras a negar servicios a los demandantes, generando dificultades para operar y realizar transacciones habituales en el sistema bancario.
La demanda, a la que tuvieron acceso medios internacionales, sostiene que JP Morgan Chase actuó motivado por “creencias progresistas” y por una supuesta necesidad de distanciarse de las posturas conservadoras del presidente estadounidense.
El texto judicial argumenta que la decisión del banco obedeció a factores políticos y sociales, y no a criterios financieros o de riesgo regulatorio, como sostiene la entidad.
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En el documento presentado ante la justicia, los abogados de Trump acusan a JP Morgan Chase de “difamación comercial” e “incumplimiento del pacto implícito de buena fe y trato justo”.
Además, atribuyen a Dimon la violación de la Ley de Prácticas Comerciales Desleales y Engañosas de Florida. El entorno del presidente sostiene que la cancelación de cuentas representó una forma de discriminación y exclusión del sistema bancario, lo que derivó en perjuicios económicos y reputacionales.