A la par, el Tribunal bajo sospecha, la Cámara Federal de Casación Penal, pero con otros jueces, está pronto a resolver si confirma o no la condena por el crimen contra el ex líder de la Unión Ferroviaria, José Pedraza.
Entre enero y febrero de 2011, cuando la Cámara de Casación evaluaba algunos pedidos de excarcelación presentados por los primeros detenidos por el homicidio de Ferreyra, varias escuchas revelaron una maniobra que comprometía al seno de la "familia judicial".
El intento de coimas se atribuye al ex juez y entonces abogado de uno de los acusados, Octavio Aráoz de Lamadrid, quien habría ofrecido a través de un agente de la SIDE (Ángel Riquelme) a jueces de Casación, quienes en su poder podían tener que definir algunas excarcelaciones.
En la cabeza de la maniobra se sospecha que estuvo Pedraza, quien para ese entonces estaba en libertad y al borde de ser implicado por el caso; el contador del gremio y vicepresidente del ferrocarril Belgrano Cargas, Ángel Stafforini, quien habría tenido el rol de juntar el dinero; Aráoz de Lamadrid, quien tenía acceso a los jueces por su pasado laboral en Tribunales; al agente de la ex SIDE como orquestador; y al entonces secretario de Casación, Luis Ameghino Escobar, quien habría intervenido para manipular el sorteo del expediente para que recayera en los jueces que ahora están bajo la lupa.
Todos ellos están procesados, aunque paralelamente, cuatro años viene demorando el tramo de la investigación que se sigue sobre los jueces, supuestamente tentados con los sobornos: Eduardo Riggi, Mariano González Palazzo y Gustavo Mitchell.
comentar