La cifra creció un 40% en los últimos cinco años, según dijeron fuentes judiciales a Diario Popular. Cómo fueron las últimas detenciones de extranjeros y el reclamo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.
La captura de un ciudadano chileno, acusado de integrar una banda de boqueteros que actuaba en Palermo y participó del robo a una sucursal bancaria de Garín, sumada a la detención de un peruano y otro chileno señalados por administrar un búnker narco en la Villa 31, volvieron a poner el foco en la participación de extranjeros en distintos delitos cometidos en el país. Los datos disponibles muestran que los extranjeros representan alrededor del 6% del total de detenidos del país. Sobre una población penitenciaria cercana a las 120.000 personas, eso equivale a unos 7.000 presos extranjeros actualmente alojados en cárceles, alcaldías y comisarías argentinas.
Dentro del Servicio Penitenciario Federal (SPF), donde predominan delitos vinculados al narcotráfico, contrabando y crimen organizado, la proporción asciende a aproximadamente el 16%, con cerca de 2.000 extranjeros detenidos. El resto, unos 5.000, permanece alojado en sistemas provinciales por delitos comunes como robos, homicidios, violencia interpersonal y hechos graves por narcomenudeo.
El número total de presos en Argentina creció con fuerza en los últimos años y, actualmente, el sistema penitenciario atraviesa niveles récord de sobrepoblación, con más de 120.000 personas privadas de libertad entre cárceles federales, provinciales y dependencias policiales. "A nivel nacional, entre cárceles federales y espacios de detención provinciales, la media es del 6%. Ahora tenemos unos 7.000 extranjeros presos, pero cinco años atrás registrábamos 5.000, creció un 40%", señaló una fuente judicial a Diario Popular.
En medio de los últimos procedimientos, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, volvió a reclamar medidas más duras contra extranjeros involucrados en delitos y sostuvo que ya se solicitaron expulsiones en algunos de los casos recientes. El mandatario porteño insiste desde hace meses con endurecer controles migratorios y acelerar deportaciones de ciudadanos condenados o detenidos por hechos graves, especialmente en investigaciones vinculadas al narcotráfico y robos organizados.
Uno de los procedimientos más recientes fue concretado por la División Capturas y Prófugos de la Policía de la Ciudad, que detuvo en inmediaciones de Plaza Constitución a un ciudadano chileno de 36 años, acusado de integrar una banda dedicada a robos bajo la modalidad "boquetero". Según la investigación, el sospechoso registraba múltiples pedidos de captura desde 2023 y estaba vinculado a distintos golpes cometidos en la Ciudad y el conurbano bonaerense. Entre ellos figura el robo a una joyería de Palermo ocurrido en junio de 2025, donde delincuentes ingresaron mediante un boquete y robaron lingotes de oro, relojes y dinero en efectivo.
También fue relacionado con otro robo bajo la misma modalidad cometido en un departamento del mismo barrio porteño y con el golpe a una sucursal del Banco Nación de Garín, en Escobar, donde la banda ingresó tras romper una pared lateral de la entidad. El acusado era buscado, además, por una causa por robo agravado tramitada en San Martín y por el robo de una camioneta ocurrido en Barracas durante 2024, siempre bajo investigaciones vinculadas a bandas organizadas dedicadas a este tipo de delitos.
En paralelo, otro operativo policial terminó con la detención de un ciudadano peruano de 58 años y otros chileno de 31 acusados de manejar un búnker narco en la Villa 31. El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Unidad Táctica Pacificación I de la Policía de la Ciudad, que observó una presunta maniobra de venta de drogas dentro del asentamiento. Uno de los sospechosos escapó por los techos de las viviendas linderas, aunque terminó detenido tras una persecución.
Fuentes judiciales y penitenciarias coinciden en que la participación de extranjeros dentro del sistema penal argentino se mantiene estable desde hace años en torno al 5% y 6% del total de detenidos, aunque con una mayor presencia en delitos federales complejos vinculados al narcotráfico y bandas organizadas. En paralelo, el crecimiento sostenido de la población carcelaria y la reiteración de casos de alto impacto volvieron a instalar el debate sobre controles migratorios, reincidencia y expulsión de extranjeros involucrados en hechos delictivos graves.