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El tribunal condenó a seis imputados por la comercialización del fármaco falsificado que causó tres muertes y dejó 29 personas con secuelas. También se acreditó el funcionamiento de una organización criminal.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de la Capital Federal condenó a seis de los diez imputados en el caso del medicamento Yectafer adulterado, un hecho ocurrido entre 2003 y 2004 que provocó la muerte de al menos tres personas y daños en la salud de otras 29. Además, fijó indemnizaciones por un total de $1.030 millones por el perjuicio moral y material causado.
El juicio, iniciado en noviembre de 2023, estuvo a cargo de los jueces Andrés Fabián Basso, Javier Feliciano Ríos y José Antonio Michilini. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 19 de mayo. Durante el proceso intervino el fiscal general Miguel Ángel Osorio, junto a la auxiliar Denise Belieres, quienes habían solicitado penas de entre 7 y 16 años de prisión.
Las penas más altas fueron para Pablo Jorge Cernadas (8 años) y Daniel Rabinovich (7 años), vinculados a la droguería Quimbel, desde donde se comercializó el producto adulterado. Ambos fueron considerados coautores de la venta de sustancias medicinales peligrosas, en concurso con homicidio culposo múltiple, lesiones agravadas y asociación ilícita.
También fue condenado a 5 años Miguel Cervera, titular de la firma Ampopack, por proveer las ampollas utilizadas. En tanto, Alberto Mario Akawie, Adrián Quintela y Víctor Scattolini recibieron 4 años de prisión por integrar la asociación ilícita, tras participar con maniobras como el cobro de cheques y la emisión de facturas falsas.
El tribunal, además, absolvió a varios imputados por distintos delitos y declaró extinguida por prescripción una causa conexa vinculada a la comercialización ilegal de otro medicamento.
Una maniobra organizada
Durante el juicio se acreditó la adulteración del lote N° 03100718 de Yectafer, que fue falsificado para imitar el producto original elaborado por AstraZeneca. Los peritajes determinaron que contenía una concentración de citrato de hierro tres veces superior a la indicada, además de alteraciones en el pH y la densidad.
Para la fiscalía, el caso dejó en evidencia el funcionamiento de una estructura criminal organizada destinada a falsificar y distribuir medicamentos en el mercado formal. “No se trató de un hecho aislado, sino de una organización con roles definidos”, sostuvo Osorio, quien además remarcó el “gravísimo daño a la salud pública”.
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El tribunal dio por acreditados tres homicidios culposos: los de Verónica Díaz (22), Luciana Giménez (26) y Paulina Álvarez (35), quienes murieron tras recibir el medicamento adulterado. Según la acusación, las víctimas sufrieron fallas hepáticas severas.
En el caso de Luciana Giménez, que cursaba un embarazo de 22 semanas, debió ser sometida a una cesárea de urgencia: su hijo nació sin vida y ella falleció pocos días después.
La investigación original había contemplado más víctimas, pero durante el juicio se ajustaron los cargos a los casos finalmente probados.
Indemnizaciones y alcance del caso
El fallo estableció un esquema de reparación económica: $450 millones para la familia de una de las víctimas fatales (embarazada), $300 millones para otra familia y entre $10 y $20 millones para quienes sufrieron lesiones, con intereses a calcular desde la sentencia.
Además, se reveló que otros acusados no llegaron al juicio por haber fallecido durante el proceso, entre ellos quienes habrían sido el jefe y el organizador de la estructura que montó el laboratorio clandestino donde se produjo el medicamento adulterado.
El caso Yectafer se consolidó así como uno de los antecedentes más graves en Argentina en materia de medicamentos falsificados, al exponer fallas estructurales en los controles y el impacto directo de estas maniobras sobre la salud pública.
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