Cinco efectivos de la Policía Bonaerense quedaron imputados de haber allanado ilegalmente domicilios particulares, con la excusa de tener que llevar adelante operativos antidrogas y aprovechando la situación para “plantar” pruebas falsas, amenazar y extorsionar a los damnificados, exigirle dinero a cambio de “favores”, robar sumas de dinero en efectivo y “armar” causas en contra de personas inocentes.
El procedimiento fue solicitado por la fiscal Virginia Bravo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nro. 7 de La Plata, en el marco de una causa en la que investiga el accionar ilegal de estos policías, en dos episodios ocurridos en octubre de 2017. Según trascendió, ya se detuvo a tres de los implicados y se espera aprehender a los dos restantes, para dar cumplimento a la orden del juez de Garantías Juan Pablo Masi.
Al momento de estos allanamientos apócrifos, los cinco prestaban servicios en la comisaría 12ma. de La Plata, con jurisdicción en la localidad de Villa Elisa y luego fueron trasladados a distintas dependencias. Los acusados son Fernando Pardo, Facundo Rodríguez, José Sosa y Rolando Morales, quienes continúan en funciones, mientras que el único desafectado es Jorge Porsella. De todas maneras, en su totalidad se los colocó en disponibilidad, en una medida adoptada por la división de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo a lo consignado por el sitio DataJudicial.com.ar. “se pudo determinar que uno de los episodios se registró el 21 de octubre de 2017, cuatro efectivos policiales irrumpieron en una la vivienda en Villa Elisa, sin orden judicial y sin motivos que les permitiera acceder sin orden, reduciendo y esposando a dos hombres que estarían haciendo una compra de droga a un tercero y amenazándolos para que incriminaran a otra persona”.
“Al advertir la presencia de vehículos particulares en el domicilio, acude el hermano del dueño de casa y los policías le muestran una mochila donde había estupefacientes. Al cabo de una hora los sacan de la vivienda, retiran del lugar al vendedor, a quien liberarían sin promover investigación a su respecto, y convocan a un testigo a quien le dicen habían perseguido a tres personas y que uno se había escapado. Ya en la dependencia confeccionan el acta de procedimiento en la que se plasma falsariamente cómo habrían sucedido los hechos y los motivos de las detenciones”, se indicó.
El segundo caso tuvo lugar el día 23 de octubre de 2017, en una casa de la localidad platense de Arturo Seguí. Allí se repitió el mismo accionar, “ingresan sin orden judicial y sin motivos para entrar sin orden, reduciendo a dos hombres, invocando que se trataba de un allanamiento por droga y que buscaban a una persona que viviría allí. Al no encontrarse, dos de ellos obligan a la pareja de quien estaban buscando a que los lleve hasta donde se encontraría, subiéndola a un vehículo Escort de color blanco, mientras los dos efectivos se quedaron en el lugar”.
“Entonces, lo obligan a ir hasta el domicilio allanado ilegalmente. Una vez allí revisan toda la casa apoderándose incluso de poco más de mil pesos que guardaban en la habitación. No contentos con el botín, le exigen al hombre buscado y a su madre la entrega de dinero para “arreglar” el procedimiento y favorecer la situación, aunque esta maniobra no se pudo concretar porque intervino una vecina y ex policía, que se acercó al lugar”, agregaron.
Y finalmente, “casi una hora después convocaron a un testigo para proceder a requisar el auto del hombre, en el que se sospecha que previamente habrían colocado sustancia estupefaciente para incriminarlo. Todo el procedimiento fue registrado en un acta en la que consignaron que el inicio las actuaciones se habría dado a raíz de haber advertido una maniobra callejera de pasamanos entre el hombre detenido y una vecina, falseando nuevamente las circunstancias de los hechos”.
A los cinco acusados se les imputa los delitos de “abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad agravada, incumplimiento del deber de promover la persecución penal, falsedad ideológica de instrumento público, allanamiento ilegal, hurto agravado por ser cometido por miembros de las fuerzas de seguridad y tentativa de extorsión”.
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