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El fiscal advirtió que las pericias a celulares podrían modificar la acusación inicial. Analizan antecedentes de violencia e irregularidades en la tenencia.
El fiscal Cristian Olazábal afirmó que no descarta que la madre de Ángel López, Mariela Altamirano, haya sido quien provocó los golpes que derivaron en la muerte del menor, en un giro que podría modificar la hipótesis inicial del caso. La investigación se encuentra en una etapa clave con el análisis de evidencia digital.
Según explicó el funcionario, las pericias sobre los teléfonos celulares de los acusados podrían alterar la reconstrucción de los hechos. “Puede haber variaciones en el caso”, sostuvo en declaraciones radiales, al referirse al avance de la extracción de datos informáticos iniciada esta semana.
La acusación original señalaba al padrastro como autor de la agresión y a la madre como responsable por omisión. Sin embargo, el fiscal indicó que no sería sorpresivo un cambio en los roles a partir de los nuevos elementos que surjan de la investigación.
Olazábal precisó que el caso fue construido sobre indicios, ante la falta de pruebas directas. “Es todo inferencias que hacemos a partir de datos comprobados”, explicó, al tiempo que remarcó la necesidad de analizar en profundidad el contexto en el que ocurrieron los hechos.
En ese marco, reveló que durante la investigación se incorporaron testimonios que señalan antecedentes de conductas violentas de Altamirano hacia otro de sus hijos, aunque no específicamente hacia la víctima.
La autopsia reveló que Ángel tenía lesiones producto de numerosos golpes
Los resultados preliminares de la autopsia indicaron que Ángel presentaba más de 20 lesiones compatibles con una golpiza, lo que permitió establecer que la causa de muerte estuvo vinculada a esos golpes. A partir de allí, los investigadores comenzaron a reconstruir la secuencia previa al fallecimiento.
El fiscal insistió en la importancia de realizar un análisis integral del caso. “Hay que ver la historia completa, no nos podemos quedar solo con este capítulo”, sostuvo, en referencia a la necesidad de evaluar el entorno familiar y los antecedentes.
En paralelo, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut intervino el equipo técnico interdisciplinario que había otorgado la tenencia del niño a su madre. La medida incluye una auditoría a cargo de la camarista María Marta Nieto, con un plazo de 60 días.
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Olazábal indicó que se investiga si existieron irregularidades en los informes que derivaron en esa decisión. En ese sentido, se analiza la posible comisión de delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de deberes de funcionario público o falsedad ideológica.
La causa transita una instancia decisiva centrada en el análisis de la evidencia digital. El fiscal señaló que se recuperó una gran cantidad de información y que su estudio permitirá avanzar con mayor precisión en la determinación de responsabilidades.
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