Las “perimetrales” deberían impedir que un denunciado por violencia de género se acerque a la víctima. Pero, en rigor, no existen controles. El femicidio de la calle Humahuaca, un ejemplo.

Walter María Gómez tiene 73 años y está preso desde el jueves pasado, luego de burlar una orden judicial por violencia de género que presuntamente lo obligaba a no tener contacto con su ex pareja, a quien mató ese día con un cuchillo y toda la impunidad en la misma puerta de la casa de la víctima, en el barrio porteño de Almagro. La mujer lo había denunciado por maltratos extremos, tras lo cual se expidió un documento que le prohibía al sujeto el acercamiento. Lo cierto es que el caso representa una problemática alarmante, porque 7 de cada 10 golpeadores que fueron denunciados, no respetan las denominadas “perimetrales”, ya que nadie los controla.

El abogado Julio Torrada, especialista en violencia de género, sostuvo que “el Estado toma la denuncia de las víctimas, que fueron golpeadas, maltratadas y son sobrevivientes de situaciones horribles, y luego se emite una medida cautelar de prohibición de acercamiento, pero lamentablemente solamente es eso, un papel que no genera ningún tipo de límite al golpeador, que tiene la certeza de que puede atacar de nuevo cuando le parezca”.

“Las estadísticas sostienen que 7 de cada 10 varones violentos que fueron denunciados por mujeres que padecieron el horror del machismo, no cumplen con la letra de la medida cautelar que los obliga a no acercarse, mientras se resuelve la situación en una causa penal. Se sabe que sólo van presos quienes golpearon salvajemente causando lo que la justicia llama lesiones gravísimas o aquellos que intentaron matar y fallaron. El resto nunca va detenido. Este es el panorama que tenemos en Argentina. Les pedimos a las víctimas que denuncien y después se las deja en soledad”, dijo Torrada.

¿Qué significa que el Estado se ausenta al momento de cumplir una orden perimetral? “La justicia recibe la denuncia por parte de la víctima. En el mejor de los casos, la mujer se va del juzgado con una orden de restricción hacia el agresor. Pero luego, el Poder Ejecutivo se borra, deja a las víctimas indefensas. Por ejemplo, no hay acompañamiento de efectivos policiales, ni siquiera cuando se trata de casos de altísimo riesgo. Y no hay equipos que trabajen de manera profesional y seria con las víctimas. Se tiene que garantizar lo que se afirma en un papel. Si un hombre no se puede acercar a menos de 500 metros de una mujer, no puede ser que nadie controle que de manera sistemática se violen estas restricciones”, dijo Torrada.

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El caso descripto al comienzo, paradigmático de esta situación de vulnerabilidad para muchísimas mujeres que pudieron romper el cerco del miedo y hacer la denuncia por maltratos, ocurrió en el palier de un edificio de la calle Humahuaca 3960, donde Graciela Molina Hernández (uruguaya y de 54 años) fue sorprendida por su ex Walter María Gómez, de quien estaba separada desde diciembre, tras denunciarlo por violencia de género. A cambio, recibió un papel con la orden de restricción y luego un botón antipánico, que no llegó a utilizar cuando fue víctima del femicidio.

“El Estado no sólo mira para otro lado, sino que revictimiza a las víctimas. Así, tenemos a mujeres golpeadas, abusadas, maltratadas, heridas gravemente, con profundo miedo, que encima tienen que estar todo el tiempo en alerta, para avisar a la policía o los organismos del Estado que está en peligro. Lo peor es que, muchas veces, tras avisar, los sujetos golpeadores se fugan, entonces ni siquiera los demoran en las comisarías, porque si no los detienen en la escena del hecho, no sirve”, dijo el experto.

Asimismo, Torrada manifestó que “a pesar de todo lo que se escribe, se afirma, de los reclamos masivos en las calles, las autoridades del Estado miran para otro lado, o peor, tienen aún una mirada machista de la realidad, revictimizando y maltratando a las mujeres que necesitan soluciones, ayuda y medidas efectivas que las protejan”.

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