Entre Ríos: desbaratan un plan narco para asesinar a un juez y un fiscal

La maniobra, según fuentes judiciales, fue atribuida al llamado "estanciero narco" Leonardo Airaldi, detenido en la Unidad Penal 9, quien será juzgado en los próximos días como presunto jefe de una organización narcocriminal con ramificaciones en Entre Ríos y Santa Fe.

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La investigación se inició a partir del testimonio de un recluso vinculado a causas por narcotráfico. El interno declaró ante el fiscal federal Pedro Rebollo y aportó detalles sobre una supuesta operación ideada como venganza contra los funcionarios judiciales.

De acuerdo con ese relato, Airaldi habría ofrecido 40 mil dólares a un sicario uruguayo para concretar los ataques durante hipotéticas vacaciones de Ríos y Candioti en Uruguay. Sin embargo, la pesquisa estableció que ninguno de los magistrados estuvo en ese país ni tenía previsto viajar.

Investigación

Las actuaciones avanzaron con rapidez. A pedido de Rebollo, el juez federal Hernán Viri ordenó un allanamiento en el Pabellón E de la Unidad Penal 9 de Gualeguaychú.

El procedimiento, realizado con intervención de Gendarmería Nacional y presencia de la Policía de Entre Ríos, permitió secuestrar teléfonos celulares, anotaciones, documentación y una cantidad no precisada de cocaína, según confirmaron fuentes del caso. Los elementos incautados serán sometidos a peritajes para determinar su relevancia en la causa.

Revancha

El testigo sostuvo que Airaldi buscaba revancha por el expediente que lo llevará a juicio oral. En su declaración, aseguró que el detenido consideraba que el juez Ríos le había “inventado una causa” y que el fiscal Candioti “tenía todo arreglado” para obtener una condena de 15 años. Estas afirmaciones forman parte del material bajo análisis judicial, mientras se intenta establecer si existieron contactos concretos para ejecutar la maniobra denunciada.

Airaldi, conocido en ámbitos locales como el “estanciero narco”, fue durante años una figura visible en el sector agropecuario entrerriano. Ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante y empresario ganadero, su situación dio un giro drástico tras ser señalado como presunto líder de una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes.

La acusación, instruida por el juzgado federal de Paraná, describe una organización con capacidad logística, conexiones en Rosario y presuntos puntos de ingreso de droga desde Paraguay a través de islas y propiedades rurales.

El juicio contra el estanciero narco

El juicio oral que comenzará en los próximos días buscará determinar responsabilidades en una causa de alto impacto institucional. Conforme trascendió, está prevista la declaración de 51 testigos y se ventilarán dos expedientes: uno centrado en la operatoria en Diamante y Paraná, y otro originado en Santa Fe por el hallazgo de 30 kilos de cocaína en Puerto Gaboto, en una vivienda vinculada al entorno del imputado.

La gravedad de la denuncia activó además mecanismos de protección. El presidente de la Corte Suprema y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti, se comunicó con Ríos y Candioti y mantiene contacto con fuerzas federales para garantizar su seguridad. En el ámbito provincial, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, tomó conocimiento de la situación a través de autoridades penitenciarias y coordinó medidas preventivas.

Fuentes judiciales subrayaron que la investigación continúa y que no se descartan nuevas diligencias. El foco está puesto en reconstruir la eventual trama de vínculos, corroborar la veracidad del testimonio y analizar la información surgida de los dispositivos incautados. Mientras tanto, el caso expone una vez más la tensión entre el avance de causas complejas contra el narcotráfico y los riesgos que enfrentan quienes intervienen en su juzgamiento.