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Marcela acuña denunció que es víctima de hostigamiento y corrupción dentro del penal, y responsabilizó a fiscales, jueces y funcionarios provinciales. El juicio por jurados podría concluir la próxima semana.
Marcela Acuña, detenida y juzgada como partícipe necesaria en el femicidio de Cecilia Strzyzowski, protagonizó un nuevo episodio de tensión en el penal de mujeres de Resistencia. La dirigente social chaqueña agredió a cinco agentes penitenciarias dentro de la Unidad N°1 del barrio Don Santiago y fue trasladada a una celda de aislamiento, medida que agravó su ya conflictiva situación dentro del establecimiento.
El incidente, ocurrido el 5 de noviembre en el Pabellón 3, Celda 1, tuvo como víctimas a las agentes Luciana Romero, Viviana Pawizki, Camila Martínez, Gavilán Soto y Lucía Benítez, todas con lesiones leves.
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Según fuentes penitenciarias, Acuña mantiene un comportamiento “conflictivo” junto a sus compañeras Fabiana González y Griselda Reynoso, también procesadas por encubrimiento del crimen de Cecilia, ocurrido el 2 de junio de 2023.
La mujer de 53 años, que en 2023 llegó a postularse como candidata a intendenta de Resistencia, lleva más de dos años detenida junto a su esposo, Emerenciano Sena, y su hijo César, señalado como presunto autor material del femicidio. Todos están siendo juzgados en un proceso de juicio por jurados que se desarrolla en la capital chaqueña.
Denuncia de Marcela Acuña
Tras el violento episodio, Acuña presentó una denuncia en la que asegura ser víctima de hostigamiento dentro del penal. En una comunicación telefónica con su hermana Patricia denunció “abusos de poder, golpes y amenazas” por parte del personal penitenciario y aseguró temer por su vida. “Me van a matar. Están generando un ambiente para que me pase cualquier cosa”, dijo.
En su versión, el ataque a las penitenciarias fue consecuencia de una situación previa de violencia institucional. “Una compañera fue golpeada, la sacaron semidesnuda y con la cabeza llena de heridas. Luego intentaron que las internas firmaran en mi contra a cambio de beneficios”, relató.
Acuña también presentó una denuncia formal ante la Justicia provincial en la que apuntó contra fiscales, jueces y autoridades políticas. Acusó a los fiscales Jorge Cáceres Olivera y Jorge Gómez, a la jueza Dolly Fernández, al ministro de Seguridad Hugo Matcovich y al gobernador Leandro Zdero por “prevaricato, cohecho e injerencia política”. Sostuvo que su detención fue “un acto ilícito motivado por razones políticas” y que se ocultaron pruebas que demostrarían su inocencia y la de su esposo.
Apuntó contra la madre de Cecilia Strzyzowski
La imputada fue más allá: pidió que se investigue a Gloria Romero, madre de Cecilia Strzyzowski, por “amenazas e incitación a la violencia”, y solicitó “resguardo judicial” para su familia ante presuntas amenazas. En su escrito, anunció además el inicio de una huelga de hambre “por la vida y por los derechos humanos de las mujeres en contexto de encierro”.
Según su testimonio, dentro del penal existiría “corrupción y lavado de fondos” vinculados al manejo de dinero de las internas. También denunció la presencia de hombres armados y la existencia de “prostitución a cambio de beneficios”, hechos que -asegura- motivaron su aislamiento. “Por eso te pido que lo viralices, porque está mi vida en esta viralización”, le dijo a su hermana.
Mientras tanto, el juicio por el femicidio avanza en su tramo final. Fuentes judiciales confirmaron que el proceso podría concluir antes de lo previsto: ya declararon 25 de los 53 testigos y este lunes se espera el último testimonio de la fiscalía. Luego será el turno de las defensas, con unas 20 declaraciones previstas. Los alegatos y la lectura de instrucciones al jurado se desarrollarían el miércoles 12 de noviembre, antes de la deliberación final.
Marcela Acuña, su esposo Emerenciano y su hijo César Sena son juzgados junto a otros cuatro imputados en un caso que conmocionó a Chaco y al país. Mientras el juicio se acerca a su desenlace, las acusaciones cruzadas, los incidentes dentro del penal y las denuncias de persecución política agregan un nuevo capítulo de tensión a una causa que sigue bajo la atención pública.