Esteban Echeverría: una crisis invisibilizada que termina llevando a la muerte

Estas situaciones extremas, con su saldo de personas fallecidas, ponen en debate una problemática, que tiene sus episodios diarios en las comisarías donde los calabozos no tienen las más mínimas instalaciones para ser habitados, a la que se le suman las “relaciones” siempre complejas entre los que están privados de la libertad y los efectivos de las fuerzas de seguridad, al margen de las circunstancias que pasan los familiares y allegados que visitan a los detenidos.

Si bien está claro que las seccionales de la Policía bonaerense tienen por ley sus limitaciones temporales para alojar a aprehendidos, esa norma está lejos de respetarse y en ello, influyen una serie de factores, tanto de decisión política a nivel gubernamental, como de carencia de coordinación entre los poderes judicial y ejecutivo. Al conocerse que las comisarías tienen lugares de encierro inhabitables, con falta de elementos mínimos (colchones, camastros, sistemas de ventilación, etc.) y que, pese a ello, reciben y reciben detenidos cuando no poseen plazas disponibles, cuando suceden este tipo de hechos, no son más que la resultante lógica de este cuadro de situación, que se pretende ocultar.

De todas maneras, desde el gobierno bonaerense se apuntó en este último caso, la de los seis muertos en la seccional de Villa Transradio en Esteban Echeverría, a que se trató de un motín y que la superpoblación en sus celdas responden a que desde el Departamento Judicial de Lomas de Zamora se envían detenidos a las comisarías, a pesar de todas las advertencias que se hicieron al respecto. Además, hay un estadio superior que tampoco articula para mejorar la situación y tiene directa vinculación con el colapso que se vive en las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Con 13 años de diferencia

Tal como sucediera en las seccionales de Quilmes y Pergamino, con diferencias de 13 años y distintas administraciones políticas a nivel provincial, lo ocurrido la semana pasada en Villa Transradio deja al descubierto que el problema nunca se atacó de raíz y se ha venido profundizando. Una crisis invisibilizada, pero que es padecida por las personas privadas de su libertad, sus familiares que los visitan y hasta el propio personal policial, siempre cuestionado por sus prácticas, pero que se choca a diario con una realidad que no se puede modificar desde el voluntarismo.

A raíz de este último episodio de muertes colectivas en comisarías, la Comisión Provincia de la Memoria (CPM) denunció que “no hubo motín, ni intento de fuga”, al referirse al incendio en el sector de celdas de la seccional 3era. de Esteban Echeverría. “Se cerró el agua, impidiendo que los detenidos apaguen el fuego y no se los auxilió”, afirmó la entidad en un duro documento, que acompañó las presentaciones judiciales que realizaron.

“Los hechos que siguen sucediendo apuntan a un único responsable: el Estado. No hubo motín, ni intento de fuga, como pretende instalar la versión policial. Fue un reclamo desesperado de los detenidos por sus condiciones de detención. Los 27 estaban alojados sin colchones, debiendo turnarse para dormir en el piso sobre frazadas. Y prendieron fuego mantas y papeles. Estaban alojados de manera ilegal en un lugar clausurado judicialmente y donde solo había cupo para 10 personas”, se detalló.

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Además, precisaron que “el fuego iniciado fue como medida de protesta ante una situación insostenible. Al iniciarse el fuego, los agentes que custodiaban cerraron la llave de paso de agua de las celdas impidiendo que los detenidos pudieran apagarlo, pese a los gritos desesperados de ayuda. También demoraron la asistencia mientras se burlaban del pedido de auxilio diciéndoles: Ahora se van a quemar como las ratas que son’.

Tras destacar que “los alojados en la comisaría de Villa Transradio, cuyas celdas debían estar clausuradas, trasgredían el tiempo máximo de 48 horas que una persona puede estar alojada en estas dependencias. Casi la mitad llevaba más de 4 meses en ese lugar”, la CPM manifestó que “las condiciones que hicieron posible esta nueva masacre sólo pueden entenderse como consecuencia lógica de una política de seguridad cuya única dimensión es la persecución y el encierro de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y no la persecución del delito complejo y las grandes redes delictivas”.