La familia de Lorenzo, muerto en 2012, aguarda la decisión de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Martín por el recurso presentado en contra de la condena de 3 años en suspenso que recibió Stroman.

A pocos días de cumplirse el sexto aniversario del asesinato del joven Lucio Pablo Lorenzo, quien murió al ser baleado por su compadre y amigo, un ex efectivo de la Policía Federal Argentina, sus familiares aguardan la decisión de la Cámara de Apelaciones y Garantías de San Martín por el recurso presentado en contra la condena de tres años en suspenso que recibió Sebastián Stroman.

El fallo no dejó satisfecho ni a la Fiscalía, ni a la querella, quienes, además de cuestionar que la imputación fuera por “homicidio culposo”, esperaban la máxima pena para este delito y de cumplimiento efectivo, teniendo en cuenta una serie de agravantes, tales como las contradicciones en que incurrió el acusado y ciertos testigos, más su condición de entonces miembro de una fuerza de seguridad.

El 16 de enero de 2012, Lorenzo (de 29 años) había acompañado a Stroman y lo llevó hasta su casa, en la calle Winter al 4400 de la localidad de Los Polvorines, conduciendo su Chevrolet Zafira pero cuando, presuntamente, se despedían se produjo un confuso episodio, en el que la víctima recibió un disparo en la cabeza que resultó letal.

El ejecutor del tiro argumentó que reaccionó frente a un intento de robo, pero esa situación nunca pudo ser comprobada, las pericias posteriores sobre la trayectoria del proyectil abonaron la sospecha sobre que se trató de un crimen y la destrucción del teléfono celular del muerto para, supuestamente, borrar alguna evidencia, alimentaron las dudas.

No obstante, en septiembre del año pasado, el Juzgado en lo Correccional Nro. 1 de San Martín emitió un veredicto que dejó en libertad a Stroman (39), quien nunca había estado preso por el caso, al considerarlo autor del “homicidio culposo” y sentenciándolo a tres años de prisión en suspenso, más seis de inhabilitación para portar armas y ejercer cargos en las fuerzas de seguridad.

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A través del abogado Enrique Viego, la familia de Lucio Lorenzo presentó la apelación al fallo, haciendo hincapié en la poca valoración de la prueba exhibida en el debate, el accionar violento y negligente del acusado por su calidad de policía y solicitando que se rectifique la condena, llevándola a cinco años y que sea de cumplimiento efectivo.

Los camaristas aún no se han expedido y María Teresa Argüello, madre de la víctima, continúa esperando, de manera paciente, tal como ocurrió durante la cuestionada investigación, que demoró más de cinco años en llegar a un juicio, donde la pena que recibió el imputado estuvo lejos de ese reclamo de justicia extendido en el tiempo. “Sin dudas, lo mató con su arma reglamentaria en un hecho de gatillo fácil. Todo lo que dijo después, nunca pudo comprobarse. Mintió y nunca ni siquiera mostró arrepentimiento, tampoco pidió perdón.

Hasta llegó a decir que hubiese actuado de la misma manera para defenderse si aparecían dos ladrones y por eso lo del exceso de defensa legítima no merece ninguna consideración. Esos tres años en suspenso que le dieron no significan, menos los seis años de inhabilitación para manejar armas tampoco, ya que no está más en la Policía Federal. Por eso queremos, que en esta nueva instancia haya una condena acorde y se insisten en que fue un homicidio culposo, que sean cinco años de cárcel efectiva”, expresó la mujer.

Esa pena habían pedido la fiscal Mónica Rodríguez, como el letrado Viego, en representación de la querella, mientras que la defensa de Sebastián Stroman se había pronunciado por la absolución. Todas las partes recurrieron el fallo y ahora se aguarda por el dictamen de la Cámara de Apelaciones de San Martín.

“No se tuvieron en cuenta un montón de pruebas y fundamentalmente que el robo que dice que quiso evitar nunca fue comprobado. Las pericias son claras sobre que disparó en forma directa contra mi hijo, lo mató en el acto y después destruyó su teléfono celular para borrar evidencias. Estuvimos más de cinco años esperando para que se haga justicia, que esto sea juzgado como un asesinato y le dieron una pena menor. Nos sentimos defraudados por la Justicia, pero no bajamos los brazos y seguimos peleando”, concluyó María Teresa Argüello.

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