El informe elaborado por la Procuración Penitenciaria Federal fue presentado ante el Congreso. Los internos son, mayoritariamente, personas procesadas con prisión preventiva, en un 57 por ciento, mientras que sólo el 43 por ciento tiene una condena firme.

El crecimiento de la población carcelaria ha llegado a su máximo registro histórico, con 11.861 presos sólo en los establecimientos dependientes del Servicio Penitenciario Federal, reflejando un aumento de más de 1.500 personas en los últimos dos años. Este y otros datos preocupantes se desprenden del Informe Anual de 2017, elaborado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), que fuera presentado ante el Congreso y que revela la persistencia de las graves vulneraciones a los derechos humanos en un contexto de encierro.

“El aumento de la población privada de libertad es un fenómeno muy preocupante que se constata en la inmensa mayoría de las jurisdicciones de Argentina. Este incremento es consecuencia de la implementación de estrategias de endurecimiento punitivo, antes que del agravamiento del fenómeno delictivo. Las diversas experiencias internacionales han evidenciado que las políticas de “mano dura” ofrecen escasas soluciones al problema de la inseguridad, al tiempo que empeoran sobremanera las condiciones en que se desarrolla el encierro institucional”, especifica el documento.

De acuerdo al organismo, que preside Francisco Mugnolol, “en el transcurso del último año, la población en las cárceles federales ha seguido aumentando. El 31 de diciembre de 2016 había un total de 10.968 personas detenidas y un año después había aumentado a 11.861 personas, lo que implica un incremento del orden del 8 por ciento”, mientras en el caso de las reclusas “pasó de 794 a 946, que representa un aumento del 16 por ciento, resultando llamativo, si se tiene presente que los niveles de encarcelamiento femenino mantuvieron cifras moderadamente estables desde el 2008”.

Además, estas cifras no incluyen a los presos que están fuera de las unidades del Servicio Penitenciario Federal, como los detenidos en cárceles provinciales, en dependencias de Gendarmería o Prefectura Naval, ni tampoco en comisarías policiales. También a este cuadro preocupante, se agrega que los internos son, mayoritariamente, personas procesadas con prisión preventiva, en un 57 por ciento, mientras que solo el 43 por ciento tiene una condena firme. “Ello es extremadamente grave y pone de manifiesto un funcionamiento absolutamente deficiente del sistema de justicia penal”, enfatiza el informe de la PPN.

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Al mismo tiempo, apunta que si bien se ponen en práctica estrategias para ampliar la capacidad declarada de alojamiento de los establecimientos penitenciarios, no se logra contener la sobrepoblación. “A principios de 2017, los datos que produce la administración penitenciaria reconocieron por primera vez la situación de sobrepoblación, y a diciembre de 2017, hay 284 personas detenidas por encima de la capacidad de alojamiento declarada. No obstante, aun esos datos resultan muy cuestionables, pues la Argentina carece de un mecanismo de acreditación confiable y transparente del cupo disponible en cada establecimiento penal, basado en estándares internacionales de habitabilidad”, se indicó.

En tal sentido, se hizo hincapié en que, ya en septiembre de 2017, desde la PPN se reeditó ante la Cámara de Diputados de la Nación, la presentación de una propuesta legislativa para regular la capacidad funcional y de alojamiento de todos los establecimientos destinados a la privación de la libertad de personas con el objeto de aminorar el problema del hacinamiento. “El proyecto en cuestión ya había sido presentado en octubre de 2013, pero esta iniciativa por el momento no ha tenido tratamiento parlamentario”, aclararon.

Por el contrario, sostiene el informe que “la única estrategia que se observa por parte del Poder Ejecutivo para hacer frente al problema de la sobrepoblación es la construcción de nuevas cárceles y la ampliación de las existentes. Hemos manifestado la preocupación por la información que hace referencia a la preparación de un plan de construcción de cárceles a nivel federal para el período 2017-2022, que buscará la incorporación de 18.000 nuevas plazas, lo cual permitirá desafectar otras 5.000 de antiguos y obsoletos edificios ubicados en centros urbanos. En el improbable caso que ello se concretase, significaría que en el año 2022, el sistema penitenciario federal tendría 24.000 plazas, más del doble que en la actualidad”. “Como organismo de protección de los derechos humanos y prevención de la tortura en jurisdicción federal, la Procuración Penitenciaria sostiene que la Argentina no necesita duplicar la cifra de sus presos federales, sino que lo que se requiere es el diseño y aplicación de una política criminal racional, democrática, previsible y evaluable, que contemple penas alternativas a la prisión, la reducción del encarcelamiento preventivo y el respeto de los derechos humanos de las personas”, concluyeron.

Las cifras oficiales indican que para el final de 2016 la población penal en el país fue de 76.261 personas privadas de su libertad, ello sin incluir en el cálculo a las personas presas en comisarías, institutos de menores u otros lugares de detención no penitenciarios. De adicionar a presos en comisarías, la cantidad total superaría las 82.000 personas. Tampoco se contabiliza a la población detenida con prisión domiciliaria. No obstante, otros datos ubican esa estadística en 81.975, aún faltando computar a la provincia de Río Negro.

La población penal en establecimientos penitenciarios se distribuye en 290 unidades, de las cuales 54 pertenecen al Servicio Penitenciario Bonaerense. Para 2016, las cárceles de Buenos Aires superaron por más de 20.000 la cantidad de personas en el Servicio Penitenciario Federal, que es el segundo servicio penitenciario en cantidad de alojados, con 33 establecimientos ubicados a lo largo y ancho del país. En lo relacionado a la caracterización de las personas alcanzadas por el sistema penal, el 96 por ciento son varones, mientras que las mujeres representan el 4 por ciento a nivel nacional. Del total, el 61 por ciento son menores de 35 años, principalmente de entre 25 y 35 años. Además, la inmensa mayoría de los detenidos son argentinos, ya que los extranjeros representan solo el 6 por ciento. Estas cifras indicativas se mantienen casi sin alteraciones en los últimos años.

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