Libraron una orden de captura internacional para el ex agente de la SIDE Raúl Martins. Su organización de trata y lavado de activos está activa desde hace un cuarto de siglo

Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), que actúan en la causa contra el ex miembro de la SIDE Raúl Martins por explotación sexual de mujeres y cuya captura internacional se pidió la semana pasada, aseguraron que la organización criminal tiene más de 25 años de existencia y posee ramificaciones en Argentina y México.

Actualmente, Martins está acusado de liderar una organización criminal dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual y al lavado de activos.

"La decisión judicial llega con mucho retraso en una causa que tuvo presiones políticas y de otros sectores de poder para que avanzara la investigación", afirmó Lorena Martins, hija del acusado, quien hizo una denuncia contra su padre en 2011.

Para ella "aún así, y luego de tantos años, se consiguió por fin que emitan la orden de detención. Solo queda esperar que se cumpla la orden judicial y se activen los mecanismos del estado para solicitar a México la extradición". "Veremos ahora si siguen protegiendo a mi padre, Raúl Martins, o si por fin se hace justicia", resaltó.

La acusación surgió de una presentación conjunta realizada por la Fiscalía Federal Nº 6, a cargo de Federico Delgado, y la Procuración de Trata y Explotación de Personas (Protex), que encabezan Marcelo Colombo y Alejandra Mángano, en diciembre de 2018.

De acuerdo a lo informado por MPF, los fiscales "entrecruzaron y valoraron" toda la prueba producida en las distintas investigaciones penales y no penales donde se investiga a esta organización.

"En función de dichas consideraciones es que, además de pedir la extradición del ex agente de la SIDE para que se le tome indagatoria, solicitaron medidas procesales y patrimoniales respecto de todos los imputados", agregó el organismo.

Los fiscales requirieron ampliar las acusaciones "por el delito de asociación ilícita a Leandro Daniel Taboada, a Guillermo Martín Soto y a Mario Oscar Ozán", así también "a Virginia Inés Solís y Natalia Beatriz Percival, en orden al delito de asociación ilícita y lavado de activos". Se trata de la madre y la hermana de Estela Noemí Percival, pareja de Martins.

Asimismo, solicitaron el llamado a indagatoria de otras 16 personas "por formar parte de la asociación ilícita y trata de personas con fines de explotación sexual, imputándose a algunas de ellas el delito de lavado de activos".

Respecto del patrimonio de los imputados, requirieron el embargo preventivo "de bienes inmuebles donde se consumó la explotación y de aquellas propiedades que resultarían ser el provecho económico de la actividad ilegal y, además, que se ordene la inhibición de bienes inmuebles, vehículos y productos financieros y bancarios".

Cabe destacar que el Juzgado Federal Nº 1, a cargo de la jueza María Romilda Servini, hizo lugar a este último pedido en su resolución de diciembre de 2018.

En tanto, los representantes del MPF aseguraron en su dictamen que "esta organización criminal tiene más de 25 años de existencia y que posee ramificaciones tanto en Argentina como en México".

Se identificaron al menos diez locales nocturnos que en la ciudad de Buenos Aires tuvieron los nombres de fantasía "Hot Area", "Top Secret", "Anchorena Swinger Club", "Brut", "Oba Oba", "Sweet Club", "Hippopotamus", "Aproach", "Extra Brut", y al menos uno en Mendoza y otro en Cancún, México, según añadió el informe oficial.

La causa, que se originó por un llamado a la línea telefónica de denuncia del Ministerio de Seguridad en marzo de 2013, se sumó a una investigación que realizaba Servini desde 2010. En 2011, Lorena Martins, hizo una denuncia en Protex, acusando a su padre de liderar una red internacional de prostíbulos.

Esta semana, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal confirmó parcialmente la resolución adoptada en julio por Servini, y pidió el procesamiento con prisión preventiva del ex miembro de la SIDE y el embargo por diez millones de pesos.

Además, encomendó a la jueza "librar de manera inmediata la orden de extradición", ya que se encuentra residiendo en México desde hace más de una década.

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