En medio de un clima de incertidumbre -con una postura controvertida de la defensora oficial- mañana se conocerá el veredicto para los tres imputados por el crimen de la adolescente que fue drogada y abusada

Prisión perpetua para los tres acusados, la pena máxima para solo uno de ellos y penas menores para los otros dos o bien la absolución para los tres. A pocas horas de conocerse el fallo, ya que el veredicto se dará mañana pasado el mediodía, existe una gran incertidumbre sobre que ocurrirá con los tres imputados por el femicidiode la adolescente Lucía Pérez Montero, la chica que fue drogada, abusada y finalmente falleció en una vivienda de la zona sur de la ciudad de Mar del Plata.

Tras una investigación inicial que apuntó a una muerte violenta, con una hipótesis fiscal que luego no pudo sostenerse en los informes de las juntas médicas, pero que ratificó la culpabilidad del joven Matías Farías, en coautoría con Juan Pablo Offidani y el rol de encubridor de Alejandro Maciel, surgieron una serie de cuestionamientos en toda la etapa de instrucción de la causa.

Este cuadro de situación quedó reflejado durante el desarrollo del debate ante el Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Mar del Plata, donde en muchos de los testimonios hubo casi un direccionamiento para revictimizar a la víctima, en medio del dolor de la familia Pérez Montero y finalmente, en los alegatos quedaron expresadas las posiciones encontradas, no exentas de polémicas.

Por un lado, el fiscal de juicio Daniel Vicente solicitó la prisión perpetua para Farías, 18 años de prisión Offidani y decidió no acusar a Maciel. La querella, representada por el abogado Gustavo Marcelliac, coincidió en líneas generales con la acusación, sumó agravantes a los delitos que se le imputan a los tres y se pronunció por las penas máximas para Farías y Offidani, discrepando respecto a la situación de Maciel al que consideran que incurrió en el encubrimiento de lo sucedido.

Mientras que la defensora oficial Laura Solari al pedir la absolución de los acusados, hizo hincapié en los errores de la investigación que estuviera a cargo de la fiscal María Ester Sánchez. Manifestó que la víctima mantuvo relaciones sexuales “consentidas” con Farías -pese a tratarse de una menor de edad- al apoyarse en que no se reportaron lesiones compatibles con una violación y la estigmatizó al señalar que se trata de una adolescente adicta a las drogas, al igual que algunas de sus amigas, quienes “buscaban” al principal imputado para que les vendiera estupefacientes, entre otras cuestionamientos a los procedimientos policiales que se dieron durante las detenciones.

La decisión está en manos de los jueces Facundo Gómez Urso, Pablo Viñas y Aldo Carnavale y el fallo se leería a los 14.30 de mañana en los Tribunales de Mar del Plata, donde se espera una movilización de organizaciones sociales, grupos feministas y de gran parte de la comunidad que ha venido acompañando a los padres de Lucía Pérez Montero, frente a los intentos de relativizar lo sucedido, en octubre de 2016, con el femicidio de su hija.

Las pericias médicas refirieron a una asfixia por consumo de estupefacientes como causal de la muerte de la chica, sin contemplar el contexto de violencia de género que antecedió a su deceso, como el posterior proceso de borrar evidencias para atenuar la responsabilidad de Farías, Offidani y Maciel, en el fatal desenlace de este episodio, que generó una enorme conmoción y dio lugar a una de las tantas marchas por el #NiUnaMenos que se registraron en el país.

Para el fiscal Vicente, Farías es culpable de “abuso sexual violento con acceso carnal, con dolo violento, agravado por resultar muerta la persona ofendida, facilitado por el suministro de estupefacientes y concurre idealmente con la figura de femicidio”, Offidani también por su carácter de partícipe secundario en todos estos cargos, aunque decidió deslindar a Maciel de su rol de encubridor e inclusive, solicitar su inmediata libertad, pese a que este hombre se encuentra alojado en un centro de rehabilitación de adictos a las drogas

El letrado Gustavo Marceillac, en su carácter de representante del particular damnificado, acompañó los lineamientos de la acusación, aunque se diferenció en que Maciel y Offidani son igualmente responsables y dio por acreditado que Maciel ayudó a borrar rastros y a acondicionar el cuerpo de la adolescente, de entonces 16 años. Por tal motivo, solicitó perpetuas y condena por encubrimiento, con agravantes, tales como “tenencia de estupefacientes con fines de venta calificada, por venta a menores y en cercanías de escuelas”.

Y en su polémico alegato, la defensora oficial Solari le apuntó a la fiscal Sánchez por haber instalado la teoría de una muerte por empalamiento, que nunca fue comprobada, se apoyó en las conclusiones del ateneo médico que no existió abuso sexual y que se trató de una relación consentida, además de plantear la ilegalidad de las actas de procedimiento policial durante las detenciones de los imputados y el carácter de consumidoras de drogas, tanto de Lucía Pérez Montero, como de sus compañeras de estudios.

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