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El líder de la organización armada Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) tiene un pedido de captura nacional e internacional, acusado de homicidio y secuestro.
El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de 20 millones de pesos a quienes aporten información que permita la captura de Galvarino Apablaza Guerra, quien cuenta con pedido de captura nacional e internacional por causas vinculadas a homicidio y secuestro.
Según la resolución publicada este martes en el Boletín Oficial, la recompensa está destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictivos, brinden datos útiles para localizar al prófugo. Apablaza Guerra, de nacionalidad chilena, nació el 9 de noviembre de 1950 y tuvo su último domicilio registrado en la localidad bonaerense de Moreno.
La orden de captura se encuentra vigente desde el 31 de marzo de 2026, de acuerdo con lo informado por la cartera de Seguridad.
Quienes cuenten con información pueden comunicarse de manera gratuita a la línea 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos.
Desde el Ministerio se precisó que el pago de la recompensa será efectuado preservando la identidad del aportante, previo informe de la autoridad interviniente que evalúe la relevancia de los datos brindados.
Asimismo, se dispuso que la Dirección de Comunicación Institucional difunda la medida en distintos medios de alcance nacional, mientras que las fuerzas federales deberán publicar y distribuir el afiche oficial con la información de la recompensa en todo el país.
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Quién es Galvarino Apablaza Guerra
Apablaza Guerra, conocido como “Comandante Salvador”, fue uno de los principales referentes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), organización armada que actuó en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet.
La Justicia chilena lo acusa de haber participado en el asesinato del senador Jaime Guzmán en 1991 y en el secuestro del empresario Cristián Edwards, hechos por los cuales se mantiene vigente el pedido de extradición.
En Argentina obtuvo el estatus de refugiado político en 2010, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, decisión que luego fue revisada en años posteriores. Su defensa sostiene que fue víctima de torturas, tanto durante la dictadura como en etapas posteriores, y que esa condición impide su extradición.
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