Son cuatro efectivos, entre ellos dos comisarios, quienes percibían sobornos mensuales para permitir que el local funcionase todas las noches y con exceso de asistentes. También procesaron a seis empresarios.

Cuatro efectivos de la Policía Federal Argentina, entre ellos dos comisarios, además de seis empresarios fueron procesados por los delitos de “homicidio culposo y cohecho” por el derrumbe de un sector del boliche Beara del barrio porteño de Palermo, en el que murieron dos jóvenes y varias personas resultaron heridas, en una tragedia registrada en septiembre de 2010.

La magistrada María Dolores Fontbona de Pombo, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Nº 48, dispuso el procesamiento a requerimiento del fiscal Andres Madrea, a cargo de la investigación. En consecuencia, la medida alcanzó a los por entonces comisarios Rodolfo Nicolás Cabezas y Luis Eduardo Acosta, al subcomisario Julio Alfredo González y al sargento Gustavo Flaminio por los delitos de “homicidio culposo agravado por el número de víctimas; lesiones culposas graves y leves; y cohecho pasivo”, a los que también se les trabó un embargo de 3.000.000 de pesos a cada uno.

De acuerdo a lo indicado por el sitio Fiscales.gob.ar, “la jueza consideró que se corroboró, con la certeza necesaria para esta etapa de la causa, que los imputados recibieron sobornos mensuales entre 2007 y 2010 de parte de los socios de los locales comerciales Beara y Caramel, ubicados en la avenida Scalabrini Ortiz al 1600, en el barrio de Palermo. Y que el objetivo de los pagos era permitir que los boliches funcionaran todas las noches para un uso para el cual no estaban habilitados.

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En tal sentido, Fontbona de Pombo sostuvo que ese punto “fue uno de los factores que provocó el colapso del entrepiso y la tragedia” que causó la muerte de Ariana Lizarraga (de 21 años), y Paula Provedo (20), en la madrugada del 10 de septiembre de 2010, además de las múltiples lesiones graves que sufrieron las personas que se encontraban en el lugar.

Los procesamientos se extendieron a un grupo de seis empresarios por “cohecho activo” y les amplió el embargo que ya tenían. Ellos son Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila, Roberto Martín Kattan Coria, Ronaldo Fliess, Iván Andrés Fliess, quienes junto con el encargado Agustín de Grazia formaban parte de la sociedad “El Viejo Sabio S.A.”, que regenteaba el local Beara y también el otro boliche lindero, Caramel. “De acuerdo al fallo, se indicó que le pagaban al sargento Flaminio, quién oficiaba de “recaudador” para sus jefes: Cabezas, González y Acosta”, se detalló.

En el pedido que había realizado la Fiscalía se puntualizó que “los encargados del local debían asegurarse de que los responsables policiales de la jurisdicción omitieran o evitaran intervenir ante la situación irregular de Beara, que funcionaba todos los días con exceso de personas y para algo que no estaba habilitado. Cabe agregar que ya había sido clausurado en tres oportunidades entre 2008 y 2009”.

De acuerdo al fallo, que retoma los argumentos y las pruebas presentadas por el fiscal Madrea, los que administraban Beara y Caramel anotaron desde el 2007 al 2010 en su propia contabilidad los pagos mensuales para la “brigada de la PFA”. A eso se le suma el testimonio de un empleado que contó como un policía pasaba todos los días por el local y relató una secuencia donde uno de los encargados introducía billetes en un sobre para entregárselos al efectivo.

Por el caso, ya hay quince personas que se encuentran en la etapa de juicio oral. Se trata de Juan Carlos María Yun, Agustín Dobrila, Roberto Martín Kattan Coria, Iván Andrés Flies, Ronaldo Fliezz, Maximiliano Fratino, Gustavo Amarú, Matías Patartotto y Leandro Camani; el ex jefe de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Martín Diego Farrell; el ex director de Habilitaciones Pablo Damián Saikauskas; el ex jefe del Departamento de Esparcimiento Norberto Juan Cassano; el arquitecto responsable de Verificaciones y Habilitaciones, Isaac Rasdolsky y el inspector del Área de Esparcimiento, Carlos Gabriel Mustapich.

Todos ellos están acusados del delito de “estrago doloso por derrumbe de edificio agravado por haber causado la muerte de dos personas”.

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