El magistrado los procesó por "intimidación pública" y "resistencia a la autoridad", y les trabó embargos de hasta 5 millones de pesos, una suma equivalente a los daños calculados por el Gobierno de la Ciudad, según informaron fuentes judiciales.

Las 31 personas habían sido detenidas el 1 de septiembre durante la marcha, tras una serie de incidentes, y todos habían sido liberados al día siguiente luego de que los indagaran en los tribunales federales de Comodoro Py en el barrio porteño de Retiro.

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