En los fundamentos del fallo que condenó en suspenso a un conductor que alcoholizado provocó un choque y mató a Bautista Jara, responsabiliza a los padres del chico por no haberle puesto el cinturón de seguridad.

La jueza Ana Dieta de Herrero que condenó a una pena de prisión en suspenso a Juan Manuel Sánchez Villar, el conductor que alcoholizado y a alta velocidad ocasionó el choque en el que murió el niño Bautista Jara en julio de 2014 en el barrio porteño de Villa Devoto, aseguró que los padres de la víctima también tuvieron responsabilidad al no colocarle el cinturón de seguridad a su hijo y que a ella se le “exigió venganza” cuando sólo puede “devolver justicia”. La titular del Tribunal Oral Criminal Nro. 9 de Capital Federal, dio a conocer los fundamentos de la sentencia en la que condenó a tres años de prisión, pero en suspenso, y a 10 años de inhabilitación para conducir, al hallarlo culpable del delito de “homicidio culposo agravado”.

El veredicto causó indignación en familiares y amigos que ocasionaron destrozos en la sala de audiencias del TOC 9 y terminó con el padre de la víctima detenido unas horas y acusado por “daños”.

El hecho ocurrió el 27 de julio de 2014 en la avenida General Paz y su cruce con la avenida San Martín, a la altura de Villa Devoto, cuando Sánchez Villar se quedó dormido y la camioneta Kia Sportage que conducía embistió de atrás a un Fiat 147 en el que transitaban el matrimonio de Gastón Jara y Lorena Monzón, y su hijo de 3 años Bautista. El chico salió despedido del vehículo y murió por las graves lesiones que padeció.

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La jueza dio por acreditado que Sánchez Villar presentaba un nivel de alcohol en sangre de 1,69 y de 2,42 en orina y que se desplazaba a 115,2 kilómetros por hora en una zona donde la velocidad máxima era de 80, pero a la hora de evaluar las responsabilidades en el resultado muerte, también le apuntó a los padres del menor.

“Particular tratamiento merece la cuestión referida a las condiciones en las que viajaban tanto los adultos como el menor en el automóvil de sus padres y la incidencia de ese estado en el siniestro resultado”, señala Dieta de Herrero en el fallo.

La magistrada afirma que de los propios dichos de los padres en el juicio “ninguno de ellos llevaba colocado cinturón de seguridad”. “El niño inició el viaje en el regazo de su madre y en atención a que se durmió, madre y padre decidieron acostarlo en el asiento trasero, llamativamente, abrigado en razón del frío pero desprovisto de cualquier elemento de sujeción”, agregó.

Un niño de tres años, dormido, ajeno a cualquier contingencia del tránsito y carente de todo tipo de sujeción, se equiparó a un objeto suelto en el interior del habitáculo. Careció por su edad, peso y estado conciencia, de toda posibilidad de protegerse a sí mismo y en esa peligrosa condición fue colocado por quienes debían velar por su seguridad, Lorena Monzón y Gastón Jara”, sostuvo la jueza.

“Ha existido de parte de Sánchez Villar una conducta de eficacia preponderante, originaria e impulsora del suceso, sin embargo, no puedo dejar de considerar que la conducta de los padres del niño fallecido ha contribuido y ha sido relevante al momento de evaluar la magnitud del resultado”, afirmó la magistrada. Incluso, Dieta de Herrero deja entrever que los padres de Bautista Jara quizás debieron haber sido investigados como imputados al afirmar que entiende “cuestionable que se les aceptara su condición de querellantes en esta causa, en tanto no se ha analizado el completo rol que desempeñaran en el hecho y su resultado”.

“Sin perjuicio de tener por acreditada la responsabilidad del imputado en el hecho, habré de sopesar al momento de graduar la pena cuál es la justa medida del reproche, en atención a la real incidencia de la conducta de Lorena Monzón y Gastón Jara”, aclaró.

“Se me exige venganza, sólo puedo devolver justicia”, escribió Ana Dieta de Herrero, en la frase del fallo que mejor resume su visión sobre el hecho y sus responsables.

Además criticó la labor de los fiscales de juicio, Sandro Abraldes y Fernando Fiszer, entre otros puntos, por haber pedido una pena de cuatro años y diez meses de prisión efectiva para el imputado, excesiva para su punto de vista. Y también a los abogados querellantes, Alejandro Castiñeiras y Silvio Omar Piorno, al afirmar que “abandonaron a su suerte a sus clientes” cuando no presentaron el requerimiento de elevación a juicio y, por ende, su participación en el debate quedó limitada, ya que no pudieron peticionar una pena en base a la calificación que estimaran conveniente.

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