La Justicia decidió el embargo de 37 propiedades, 13 autos y congelar los bienes de imputados por la secta que operaba en Villa Crespo.

El juez federal Ariel Lijo dispuso la inhibición general de bienes de los imputados en la causa en la que se investiga a la secta que operaba en el barrio porteño de Villa Crespo y ordenó el embargo preventivo de 37 inmuebles y 13 automóviles.

Las medidas cautelares de aseguramiento de bienes habían sido solicitadas por el fiscal Carlos Stornelli y sus colegas Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, titulares de la Procuraduría contra la Trata y la Explotación de Personas (Protex).

La fiscalía solicitó además que se rechacen las excarcelaciones reclamadas por los imputados, quienes se negaron a declarar ayer ante el juez Lijo, en los tribunales federales de Comodoro Py.

En tanto, entre los bienes embargados se encuentra los domicilios allanados, ubicados en Estado de Israel 4453/57, donde funcionaba la Escuela de Yoga Buenos Aires (EYBA), y el edificio de Guardia Vieja 4072, donde se encontraba la clínica CMI-Abasto.

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Procedimiento en la secta que operaba en Villa Crespo.

Procedimiento en la secta que operaba en Villa Crespo.

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A través de esa resolución, el juez también ordenó la inhibición general de bienes, la inmovilización y congelamiento de las cuentas y productos bancarios y al franjado de las cajas de seguridad que registrasen los imputados.

También se dispuso el bloqueo de los productos que pudieran registrar los imputados en el mercado de capitales, para lo que se libraron oficios a los Registros de la propiedad inmueble y automotor correspondientes, al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y a la Comisión Nacional de Valores (CNV).

En total fueron 19 personas las detenidas el viernes último, en el marco de 50 allanamientos realizados en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

En la causa se investiga a la organización a la que pertenecen -BA Group y sus subsidiarias Escuela de Yoga Buenos Ares (EYBA) y Clínica CMI Abasto- por trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, según informaron fuentes policiales y judiciales.

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