Policiales
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Los datos surgen del informe de 2014 elaborado por la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación. La ex parejas no cumplen con las medidas de protección que les impone la Justicia.
Tres de cada diez mujeres que son víctimas de violencia de género por parte de exparejas alertaron que sus agresores no cumplen con las medidas de protección que les impone la Justicia para evitar que sean atacadas. Asimismo, la justicia no realiza una evaluación del daño y el riesgo al que están sometidas las denunciantes.
Los datos surgen del informe 2014 elaborado por la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación, que brinda asesoramiento y patrocinio gratuitos a las víctimas.
Según sostiene el trabajo, difundido en coincidencia con el crimen de una maestra jardinera en Córdoba que sufría malos tratos, durante el año pasado recibieron 2.725 consultas y un tercio de ellas involucraron una situación de violencia de género. De esa cantidad, en 763 oportunidades se brindó patrocinio jurídico.
Aunque la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género (26.485) prevé la elaboración de un informe interdisciplinario que evalúe los daños sufridos por la mujer y la situación de riesgo, el relevamiento encontró que esos informes se producen sólo en un quinto de los casos. La norma también establece que el juez debe llamar a una audiencia luego de que se adopten las medidas de protección (otorgamiento de botón antipánico, establecimiento de un perímetro que impide acercarse a la víctima, etc.), en la que debe escuchar a las partes por separado.
Sin embargo, en casi dos tercios de los expedientes tramitados, dichas audiencias no fueron convocadas o celebradas y cuando se llevaron a cabo, no siempre se respetó la modalidad fijada en la ley, ya que es frecuente que la denunciante se encuentre con el denunciado en el juzgado. Con respecto a la eficacia de las medidas, tres de cada diez asistidas refirieron que los denunciados incumplieron las medidas de protección, y en una cuarta parte de los casos se denunciaron nuevas agresiones. De acuerdo con el informe, la totalidad de las asistidas fueron mujeres, mientras casi la mayoría de los denunciados son varones.
La persona indicada como agresora fue la pareja o ex pareja de la denunciante en nueve de cada diez casos y en la mayoría de los hechos las asistidas tienen hijos en común con el denunciado.
En el 86,23 por ciento de las situaciones, las denunciantes no conviven con los agresores, pero el 80 por ciento de ellas manifestó que lo había hecho previamente.
En tanto, dos de cada tres mujeres afirmaron que tras la separación se incrementó la violencia, lo que ratifica que el momento de la ruptura incrementa el riesgo de sufrir nuevas agresiones.
De acuerdo con las denunciantes, más de la mitad de los agresores tenían comportamientos violentos fuera del hogar, y tres de cada diez refirieron que registraban antecedentes de violencia en relaciones previas.
En la mitad de los casos, las consultantes señalaron que sus agresores sufren de algún tipo de adicción, asociadas en general al alcohol, las drogas o a ambas.
En general, se presentan distintas formas de violencia combinadas: la mayoría de los casos involucra situaciones de violencia psicológica y física, mientras que una de cada tres asistidas manifestó haber sufrido violencia sexual. Dos casos similares en los últimos años
Otros dos casos de mujeres asesinadas dentro de un establecimiento educativo fueron cometidos en los últimos dos años en las provincias de Salta y Río Negro. El antecedente más reciente ocurrió el 3 de octubre de 2014, cuando Evelia Murillo (41), maestra de una escuela albergue de la localidad salteña de Tartagal, fue asesinada en el patio del establecimiento delante de alumnos luego de que una estudiante wichi le avisó que era perseguida por un hombre que le había ofrecido dinero para mantener relaciones sexuales con él, a lo que ella se había negado.
En ese momento, la docente salió a la calle para echar al sospechoso de los alrededores de la escuela pero el hombre regresó poco después al lugar, sorprendió a la víctima junto a sus alumnos y la mató de un tiro en el tórax.
Por el crimen, la Policía detuvo dos días después a un puestero identificado como José Tomás Cortez (58).En tanto, el 25 de marzo de 2013, la cabo primero de la Policía rionegrina Yanina De Yulis (30) fue asesinada a balazos en el Colegio Pablo VI de la ciudad de Viedma, adonde había ido a llevar a dos de sus pequeños hijos.
De Yulis recibió seis tiros y cayó muerta delante de los alumnos, padres y autoridades de la escuela, mientras que a metros del colegio detuvieron al cabo Cristian Cóceres (32), esposo de la víctima y padre de los chicos de ésta.