La iniciativa que cuenta con media sanción del Congreso establece que la interrupción voluntaria del embarazo podrá realizarse hasta la semana 14, entre otros puntos.

La iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados establece que la interrupción voluntaria del embarazo a simple solicitud podrá realizarse en hospitales públicos y clínicas privadas de manera gratuita hasta la semana 14 de gestación.

Se establece además un plazo de cinco días desde el momento de la solicitud para que el profesional de la salud o la institución médica lleve adelante el aborto y se impone una pena de entre tres meses y un año de prisión y el doble de inhabilitación para el médico que obstaculice o dilate injustificadamente la práctica.

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El proyecto fija la creación de un registro para médicos que se declaren objetores de conciencia frente a esta práctica pero prohíbe la objeción institucional y también la creación de un registro estadístico para llevar un control sobre la cantidad de abortos que se realizan por año.

Sólo se autoriza la interrupción del embarazo después de la semana 14 cuando existan causales graves como el embarazo producto de una violación, la inviabilidad de vida extrauterina para el feto y el riesgo de salud de la mujer.

Si el proyecto fuera aprobado en general se pasará a la votación artículo por artículo, donde se discutirán los cambios acordados: bajar el plazo a 12 semanas de gestación, permitir la objeción de conciencia institucional, eliminar el artículo de las penas para los médicos y la producción pública de misoprostol, para el aborto por vía medicamentosa.

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Despenalización

La iniciativa de Crexell propone modificar el Código Penal para establecer que "en ningún caso el aborto practicado por un profesional de la salud en un establecimiento de salud con el consentimiento de la mujer sea punible hasta la semana 12 inclusive del proceso gestacional".

En tanto, de acuerdo al proyecto, el aborto practicado por un médico a partir de la semana 13 no será punible cuando sea para "evitar un peligro para la vida o la salud de la mujer", cuando el embarazo "fuere producto de una violación, con el sólo requerimiento y la declaración jurada de la mujer ante el profesional de la salud".

Con este segundo punto, la senadora por Neuquén intenta introducir en el Código Penal lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el denominado "Fallo FAL" sobre aborto no punible.

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