Se trata de 31 escrituras rubricadas entre setiembre y diciembre de 2019 que el estado federal le había cedido a la administración porteña. Además, ordena revisar el vínculo dominial entre ambas administraciones en dicho período.

E l gobierno puso sobre la lupa una de las políticas más activas en la gestión Cambiemos: el registro, transferencia o enajenación de los bienes del estado. Ayer anuló la transferencia de varios terrenos de Nación a la Ciudad y ordenó que en 60 días la ex Onabe audite la cesión de terrenos al ámbito porteño durante la administración macrista.

Ayer se publicaron en el Boletín Oficial sendos decretos que, por un lado, anulan unas 31 escrituras rubricadas entre septiembre y diciembre de 2019 por las que el estado federal cedía terrenos, en su mayoría de áreas ferroviarias, al distrito gobernado por Horacio Rodríguez Larreta y, por el otro, ordenan revisar el vínculo dominial entre ambas administraciones en dicho período.

Durante la gestión de Cambiemos, de algún modo, se jerarquizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (Aabe), y se registraron casi 80 mil inmuebles cuando en diciembre 2015 había unos 19 mil oficializados. Así, el legado del macrismo fue el siguiente: se relevaron 52.022 inmuebles del estado nacional, 27.064 bajo la órbita del Registro Nacional de Bienes del Estado (Renabe) y 25.994 vehículos oficiales informados. Esta última cifra es inédita y guarda relevancia porque fue pedida por el anterior Ejecutivo cuando en plena crisis de 2018 lanzó un plan de austeridad -que incluía la quita de choferes para subsecretarios y otros funcionarios jerárquicos- y en paralelo se ordenó un arqueo de la flota de rodados que pagaba el Tesoro.

Lo cierto es que desde la asunción del Frente de Todos, se puso bajo la lupa al ex Onabe y también se cuestionó las subastas de predios realizadas durante el macrismo por las que recaudó unos 627 millones de dólares.

Alberto Fernández demoró la designación del reemplazante de Ramón Lanús al frente del organismo dependiente de Jefatura de Gabinete. Recién a mediados de enero eligió a Martín Cosentino, ex titular del PJ de Vicente López, y a Juan Debandi, ex candidato a intendente de Tres de Febrero, como su segundo.

Otro aspecto urticante del tema es que, merced al decreto de extinción de dominio de Mauricio Macri, la Aabe tiene bajo su dominio los bienes decomisados de la corrupción y el narcotráfico. De hecho, el gobierno saliente no pudo rematar 32 propiedades originadas en estos supuestos ilícitos, entre los que se cuentan departamentos y cocheras del aún detenido Lázaro Báez o propiedades del ex contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares. También llegaron al organismo por el mentado decreto de extinción de dominio unos 65 bienes del "clan narco de los Loza", pero ninguno "se intentó vender".

Ahora se conoció la decisión del Ejecutivo de derogar las resoluciones que traspasaban inmuebles de la Nación a la Ciudad de Buenos Aires implementadas después de las PASO 2019. "Que esto se torna aún más gravoso y reprochable, cuando la medida ha sido adoptada al día siguiente de la realización de las elecciones generales para elegir, entre otro cargos, Presidente y Vicepresidente de la Nación y la dación en pago de inmuebles se realiza exclusivamente a favor de una sola jurisdicción", detalla el decreto 145 publicado ayer por el que se anulan esas operaciones.

Mediante el decreto 149, en tanto, ayer el Ejecutivo instó a la Aabe "a revisar en un plazo no mayor a 60 días, la legalidad de los procesos que derivaron en la disposición, cesión, enajenación, transferencia, desafectación, asignación en uso o dación en pago, de inmuebles del ESTADO NACIONAL a la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES a través de cualquiera de sus organismos, entidades, sociedades del estado o con participación estatal mayoritaria, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2019, a fin de que en caso de detectarse vicios que puedan implicar su nulidad así como eventuales hechos o actos ilícitos, se proceda a deslindar las correspondientes responsabilidades administrativas, civiles y/o penales’. Luego el organismo debería informar a la Casa Rosada las conclusiones de la citada auditoría, por lo que podría haber más nulidades.

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