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El juez federal Ariel Lijo autorizó las medidas solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita para reconstruir el patrimonio del presidente de la AFA y funcionario de la Ceamse.
El juez federal Ariel Lijo hizo lugar al pedido del fiscal Gerardo Pollicita y ordenó una batería de medidas de prueba en la causa que investiga a Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito. El expediente busca reconstruir el patrimonio del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y funcionario de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse).
Según informaron fuentes judiciales, entre las medidas aprobadas se encuentran el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Tapia, el pedido de sus declaraciones juradas a ARCA y la solicitud de información sobre bienes a los registros de la propiedad. También se requerirán al Banco Central datos sobre cuentas, plazos fijos, préstamos y tarjetas vinculados al dirigente.
El paquete de medidas había sido solicitado por Pollicita la semana pasada, cuando impulsó formalmente la investigación y reclamó una veintena de diligencias destinadas a determinar la evolución y composición del patrimonio de Tapia.
El juez Lijo también ordenó requerir a la Unidad de Información Financiera (UIF) informes sobre operaciones sospechosas y solicitó información a la Comisión Nacional de Valores (CNV). A su vez, más de 20 exchanges de criptomonedas deberán informar sobre la posible existencia de billeteras virtuales a nombre del presidente de la AFA.
La investigación incluye además pedidos de información a la Conmebol sobre los cargos ocupados por Tapia y los ingresos percibidos. El juzgado también solicitó a oficinas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires las declaraciones juradas patrimoniales del dirigente, incluidos sus anexos reservados.
Por otra parte, el juzgado intimó a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse) a entregar el legajo laboral completo de Tapia y un informe sobre sus ingresos. El dirigente es investigado en esta causa en su condición de funcionario de ese organismo mixto encargado de la gestión de residuos en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
Ese cargo, y no su función como presidente de la AFA, es el que permite que Tapia sea investigado bajo la figura de enriquecimiento ilícito, un delito que solo puede ser cometido por funcionarios públicos. La representación bonaerense de la Ceamse está en manos del dirigente.
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La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien cuestionó la evolución patrimonial de Tapia durante el período comprendido entre 2016 y 2025. Con las nuevas medidas, la Justicia busca reunir información de distintas fuentes para reconstruir sus movimientos patrimoniales.
El expediente se suma a otros frentes judiciales que enfrenta actualmente el presidente de la AFA. Tapia está procesado en una causa impositiva en el fuero Penal Económico y también fue alcanzado por una investigación por posible lavado vinculada a una quinta relacionada con la AFA. Ahora, la investigación por presunto enriquecimiento ilícito avanza en los tribunales federales de Comodoro Py.
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