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El juez federal resolvió juntar la causa del presunto encubrimiento del ataque a la mutual judía con la paralela por "traición a la Patria", que afecta tanto a la ex Presidenta como a su canciller Héctor Timerman
El juez federal Claudio Bonadio resolvió la unificación del expediente en el que se investiga a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y al ex canciller Héctor Timerman por el presunto encubrimiento de los acusados del atentado a la AMIA a raíz de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, con el que tramita en su juzgado por presunta “traición a la Patria” a raíz de ese mismo acuerdo, informaron este mediodía a la agencia Télam fuentes judiciales.
Bonadio resolvió la unificación de las causas vinculadas con la denuncia de Alberto Nisman luego de que el fiscal Gerardo Pollicita solicitara indagar a la ex mandataria y a otros acusados por encubrimiento.
La causa quedó en la fiscalía de Eduardo Taiano y tiene como objetivo acelerar el curso de la investigación.
En la causa por el delito de encubrimiento, Pollicita había pedido la semana pasada la indagatoria de Cristina y de Timerman junto a otros doce imputados. En la de Traición a la Patria, iniciada en agosto de 2016 con la denuncia realizada por el abogado Santiago Dupuy de Lome, sólo están imputados los dos primeros.
Pollicita también solicitó que sean indagados otros 14 imputados entre los que figuran Timerman, el dirigente de La Cámpora Andrés “Cuervo” Larroque, el líder del partido MILES, Luis D Elía; el ex jefe de Quebracho, Fernando Esteche, además de algunos ex funcionarios de la Cancillería y de la agencia de Inteligencia del Estado.
El pedido de indagatorias a Bonadio incluye a la ex procuradora del Tesoro, Angelina Abbona; el entonces segundo de la ex SIDE Juan Martín Mena; el exjuez y abogado Héctor Yrimia, y Luciano Clement, Holger Martinsen, la abogada Susana Ruiz Cerutti, Eduardo Zuain y el supuesto espía inorgánico Allan Bogado.
Pollicitia, el mismo fiscal que había impulsado en 2015 la denuncia tras la presentación de Nisman, consideró que existió “un plan criminal destinado a brindar ayuda para dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní imputados por el atentado a la sede local de la AMIA, de manera tal que éstos pudieran eludir la investigación penal y sustraerse de la acción de la justicia argentina”.
El plan, según el fiscal, fue “orquestado y puesto en marcha” por la expresidenta y demás acusados y lo hicieron a través de la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán por el tema AMIA, un “instrumento que claramente respondía a los intereses de las autoridades iraníes resultaba funcional al plan criminal”.
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