Bullrich y Petri anunciaron proyectos para modificar la Ley de Seguridad Interior

"Como todos saben la situación de Rosario es crítica, lleva años sufriendo el flagelo del narcotráfico (...) y lo que estamos viendo actualmente es la presencia de actos terroristas, como la muerte de un colectivero, dos taxistas y un playero", mencionó Petri al presentar la iniciativa que impulsa su cartera.

Ante este escenario, continuó, "el presidente de la Nación nos dio instrucciones para que modifiquemos la Ley de Seguridad Interior, teniendo en cuenta que esta ley establece dos supuestos de intervención de la Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interior", el primero para "dar ayuda (logística) a las Fuerzas de Seguridad nacionales y provinciales" y el segundo "a partir de la declaración de estado de sitio, donde claramente no se resuelve el problema porque se suspenden las garantías constitucionales y las Fuerzas Armadas no actúan bajo un procedimiento determinado y tampoco pueden prepararse para actuar".

El ministro especificó que estas las nuevas tareas que podrán hacer las Fuerzas Armadas serán las de patrullaje, control de personas y vehículos, control de instalaciones, y aprehensiones en flagrancia.

El ministro de Defensa aclaró que las "Fuerzas Armadas no van a actuar para delitos comunes", sino que únicamente estarán "si hay actos terroristas", y en cualquier rincón del país.

Patricia Bullrich, también haciendo foco en la seguridad en Rosario, pero mencionando a la inseguridad nacional, comenzó su locución indicando que se aplicará una Ley Antimafia, en donde "la pena por el delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho, se va a aplicar a todos los miembros de la organización" narcotraficante.

Justificó que todos los miembros de la organización son participes del hecho delictivo, desde quien venda la droga, hasta el encargado del transporte de la misma o quien realice el sicariato. "Todos van a tener la pena máxima", indicó, y en caso de no haber pena máxima, la misma sería de entre ocho a doce años.

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"Efectuar requisas, incautar mercaderías, realizar allanamientos encadenados", son algunos de las medidas que se llevarán adelante con la Ley Antimafia. Además, con la "autorización de la justicia", también habrá intercepción de llamados telefónicos.

"Ahora vamos por el hormiguero", cerró la presentación de la Ley Antimafia, luego de haber dicho que ya no irían más "hormiga por hormiga".

Otra modificación que presentarán desde el ministerio de Seguridad tiene que ver con las manifestaciones y los piquetes. Será la reforma al 194 del código penal. En la misma, se indicará un aumento de penas para "aquellos que organicen manifestaciones, instiguen al corte de calles, o que obliguen a la gente de participar de las manifestaciones bajo promesas de remuneración o amenazas".

Con foco en las manifestaciones y piquetes, Bullrich señaló que también se aplicarán penas a aquellas personas que comentan actos delictivos contra la autoridad policial. Argumentó que, en toda manifestación, siempre hay efectivos policiales que salen heridos por arrojos de piedras u objetos contundentes.

La ministra también habló sobre los bloqueos a empresas. Comentó que hoy en día se encuentra bloqueada la empresa Sancor en la provincia de Santa Fe. En este marco, explicó que habrá "sanción a quien bloquee comercios, industrias o establecimientos, con penas de cuatro a seis años. Impedir que las empresas trabajen va a estar agravado", agregó.

Sobre la Ley de Reiterancia, Bullrich indicó que "se terminó la idea de acumular delitos".

La ministra adelantó que se aplicará un registro de ADN para todo tipo de delitos, y no solamente para condenados por delitos sexuales, como se viene haciendo hasta el momento. "Nos va a permitir identificar a la población penal", justificó la responsable de la cartera de Seguridad.

Por último, Bullrich y Petri expresaron su confianza ante las nuevas modificaciones que serán enviadas al Congreso, y señalaron que no habrá "un solo diputado y senador" que esté en contra de los proyectos: "la vida, la sociedad y el país están en riesgo".