Argentina pidió al Tribunal del Mar frenar la explotación petrolera británica en Malvinas

Las audiencias comenzaron este martes y se extenderán hasta el miércoles. Se trata de la primera vez que el país litiga contra el Reino Unido ante un tribunal internacional. El Gobierno busca impedir la continuidad de las actividades hidrocarburíferas mientras se resuelve el arbitraje.

Durante la presentación argentina, el embajador y asesor legal de la Cancillería, Mario Javier Agustín Oyarzábal, sostuvo que Buenos Aires buscó reiteradamente la cooperación británica, pero que Londres respondió con la concesión unilateral de licencias de exploración.

También recordó la declaración conjunta firmada por ambos países en 1995 sobre cooperación en actividades marítimas en el Atlántico suroeste y afirmó que las autorizaciones británicas, incluida la del yacimiento Sea Lion, agravaron la disputa.

El Gobierno solicitó medidas provisionales para impedir que el Reino Unido avance con el proyecto Sea Lion.

"Hacen falta dos para bailar un tango, pero el Reino Unido prefiere bailar solo", expresó Oyarzábal ante el tribunal en un audiencia pública.

Además, argumentó que las decisiones británicas contradicen la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) y la Resolución 31/49 de Naciones Unidas, que insta a las partes a no adoptar medidas unilaterales mientras continúa la controversia por la soberanía de las islas.

El especialista Marcelo Kohen defendió la competencia del Tribunal del Mar para resolver el pedido de medidas cautelares. Explicó que la Argentina no solicita una definición sobre la soberanía de las Malvinas ni sobre cuál de las partes es el Estado ribereño, sino que busca evitar una alteración irreversible de la plataforma continental en disputa y prevenir nuevas acciones que agraven el conflicto.

El planteo se refiere a una zona en la que las autoridades británicas concedieron media docena de licencias para la explotación de hidrocarburos. Entre ellas se encuentra Sea Lion, ubicado a unos 200 kilómetros al norte de las Malvinas. El proyecto fue aprobado a fines de 2025 y está operado por la petrolera israelí Navitas, que tiene una participación del 65%, junto con la británica Rockhopper, que posee el 35%. Las empresas estiman que el área contiene el equivalente a 1.700 millones de barriles de crudo.

La delegación oficial argentina está encabezada por la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy. También la integran Oyarzábal, quien actúa como agente del país; Juan Ignacio Stampalija, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía; Santiago Castro Videla, subprocurador del Tesoro de la Nación, y Betina Pasquali de Fonseca, embajadora argentina en Alemania.

La presentación fue preparada por equipos jurídicos de la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería, Economía y la Procuración del Tesoro.

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La defensa cuenta además con tres especialistas internacionales: Marcelo Kohen, exsecretario general del Institut de Droit International y exjuez ad hoc del Tribunal del Mar, quien representó a la Argentina en el caso de la fragata Libertad; Nico Schrijver, expresidente del Institut de Droit International y de la International Law Association, y Agustín Giustiniani, profesor de la Maestría en Solución de Controversias Internacionales de Ginebra.

Qué argumentó el Reino Unido

El Gobierno y la oposición del Reino Unido insistieron en que las Malvinas "son británicas".

La representación británica rechazó el planteo argentino y sostuvo que no existen dudas sobre su soberanía de las Islas Malvinas, por lo que considera que tiene derechos soberanos sobre las áreas marítimas adyacentes y facultades para conceder licencias de explotación de hidrocarburos. La fiscal general Ellie Reeves afirmó que la controversia presentada por Buenos Aires es territorial y, por ese motivo, excede la competencia del Tribunal del Mar bajo la CONVEMAR.

Reeves sostuvo que la soberanía británica se remonta a 1765 y que el Reino Unido mantiene una presencia y administración efectiva y pacífica desde enero de 1833. Según su exposición, la única interrupción fue la "invasión armada" argentina de 1982, tras la cual la administración británica se restableció dos meses después. También mencionó el referéndum realizado en las islas en 2013, en el que, según afirmó, el 99,8% de los votantes se pronunció a favor de mantener el estatus de Territorio de Ultramar del Reino Unido.

La fiscal general acusó a la Argentina de insistir en su reclamo de soberanía y de endurecer su discurso político en las últimas semanas. En ese sentido, hizo referencia a las declaraciones del presidente Javier Milei en septiembre, cuando definió a las Malvinas como una causa nacional y afirmó que iba a "tomar cartas en el asunto". Reeves, por su parte, aseguró que Londres mantiene su disposición a cooperar con Buenos Aires en temas de interés mutuo en el Atlántico Sur.

Cómo sigue el reclamo argentino

El proyecto será debatido el martes 27 de octubre en un plenario de comisiones y allí se verá si LLA puede dictaminar.

Después de los alegatos iniciales, el Reino Unido presentó su primera respuesta ante el tribunal. Este miércoles se realizará una segunda ronda de exposiciones y repreguntas: la delegación argentina intervendrá de 10:30 a 12 y la británica, de 17:30 a 19, según el horario de Hamburgo. Las presentaciones serán en inglés o francés y podrán seguirse por streaming en el sitio oficial del Tribunal del Mar.

El pedido de medidas provisionales forma parte del arbitraje que el Gobierno inició contra el Reino Unido el 28 de septiembre, en el marco de la CONVEMAR. Como el tribunal arbitral todavía no está constituido, Argentina recurrió el 13 de octubre al organismo con sede en Hamburgo para solicitar que se impida el inicio o la continuidad de la extracción de hidrocarburos, que Londres se abstenga de agravar la controversia y que deje de obstaculizar el cumplimiento de las obligaciones argentinas de protección del medio marino.

El argumento central es que la explotación podría generar un hecho consumado irreversible y provocar daños irreparables a los derechos del país. Las empresas prevén comenzar las perforaciones en 2027 y alcanzar la producción comercial en 2028.

El Gobierno estima que el Tribunal del Mar podría emitir una orden entre dos y cuatro semanas después de las audiencias, es decir, durante la segunda mitad de noviembre o a comienzos de diciembre. Como antecedente, menciona el caso de la fragata Libertad, retenida en Ghana: la Argentina pidió medidas el 14 de noviembre de 2012, los jueces escucharon a las partes los días 29 y 30, y el buque fue liberado el 15 de diciembre. Sin embargo, fuentes oficiales aclararon que ese episodio no establece un plazo obligatorio para la resolución actual.

En el Ejecutivo contemplan tres escenarios posibles: que el tribunal acepte todo el pedido y ordene detener la actividad; que conceda algunas medidas y rechace otras, o que desestime la solicitud por considerar que no se cumplen las condiciones de urgencia o jurisdicción preliminar. En este último caso, no habría medidas provisionales, pero el arbitraje continuaría y la Argentina podría volver a solicitarlas una vez constituido el tribunal arbitral. El Gobierno sostiene que ninguno de esos resultados implicaría reconocer la legalidad de la explotación británica. Antes de las audiencias, en la Casa Rosada transmitieron optimismo, aunque admitieron que la decisión depende de los magistrados y que el resultado no está garantizado.

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La estrategia oficial también incluye acciones diplomáticas, administrativas y judiciales. Desde la cadena nacional encabezada por Milei en septiembre, el Gobierno envió más de 180 notas de desaliento a empresas vinculadas con Sea Lion y otros proyectos de exploración, proveedores de servicios, licenciatarias de permisos de pesca y países de origen de esas compañías. Además, inició 60 procedimientos sancionatorios, aunque reconoció que todavía no se aplicaron penalidades definitivas, y presentó denuncias penales contra empresas y personas involucradas. Entre las medidas figura la apertura de procedimientos contra Thales UK Limited por vuelos no autorizados en el espacio aéreo soberano con destino a las islas.

El esquema se completa con el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que busca reemplazar la Ley 26.659 y crear el Sistema de Seguridad Nacional. La iniciativa propone sancionar la explotación ilegítima de recursos naturales en las islas, sus espacios marítimos y la plataforma continental; establecer incentivos para que los involucrados abandonen esas actividades y dotar al Estado de herramientas frente a amenazas externas. El proyecto ya cuenta con dictamen en Diputados, aunque persisten diferencias dentro del oficialismo y entre los bloques aliados por las atribuciones y el control parlamentario del Consejo de Seguridad Nacional. A esas medidas se suman la construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia, para reforzar la presencia argentina en la Antártida y el control del Atlántico Sur, y la continuidad de los reclamos diplomáticos ante los organismos de Naciones Unidas.