El ministro omitió informar esta actividad en declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción.

Nuevos archivos oficiales demostrarían que el actual ministro de Finanzas, Luis Caputo, habría sido accionista de sociedades off shore antes de asumir en la función pública. Así lo revelan informes periodísticos publicados ayer por los diarios La Nación y Perfil, los cuales están basados en documentos oficiales de la Securities and Exchange Commision (Comisión Nacional de Valores de los Estados Unidos).

De acuerdo con estos medios, el funcionario habría participado entre agosto de 2009 y julio de 2015 de diferentes sociedades creadas para administrar varios millones de dólares en los denominados paraísos fiscales.

Según estos matutinos, que accedieron a los archivos del organismo norteamericano, Caputo poseía el 75% de las acciones de la firma Princess International Group, radicada en Islas Caimán.

El ministro omitió informar sobre esta actividad personal en las declaraciones juradas que presentó ante la Oficina Anticorrupción (OA) al asumir en diciembre del 2015 como parte del Gobierno.

Además, el ministro habría controlado a través de esa compañía entre el 50% y el 74% de las acciones de Affinis Partners II, también radicada en Caimán y propietaria, a su vez, de una gerenciadora de fondos de inversión llamada Noctua, con sede en Delaware y Miami.

Esta última firma manejaba por sí sola fondos por unos U$S 251.296.483 a junio de 2015 y sus clientes son calificados como “inversores privados de elevado patrimonio”. Siempre siguiendo con lo publicado por los mencionados diarios, Caputo habría mantenido un rol central en estas sociedades hasta que se desvinculó pocos meses antes de asumir en el gobierno, pero nunca informó esta actividad ante las autoridades correspondientes.

Al ser consultado por La Nación, el funcionario negó ser dueño de estas entidades off shore: “Nunca fui propietario ni accionista de Noctua ni de Princess, sino asesor, administrador, fiduciario y/o manager”, explicó.

Por esta razón, Caputo aseguró que “no debía declararlas ni ante la AFIP ni ante la OA” y resaltó que desde que entró a la función pública dejó “de prestar cualquier servicio profesional a dichas sociedades”.

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