Caso $LIBRA: la Justicia sobreseyó a Javier Milei, Karina Milei y los demás imputados

La resolución, de 60 páginas, también benefició al empresario estadounidense Hayden Mark Davis; al financista Mauricio Gaspar Novelli, su hermana María Pía y su madre Alicia Rafaele; a Manuel Terrones Godoy; al exasesor de la Comisión Nacional de Valores Sergio Daniel Morales; al responsable de Kip Protocol, Julian Peh; y a los intermediarios Camilo Rodríguez Blanco y Orlando Mellino.

El magistrado concluyó que “los sucesos denunciados no encuadran en una figura legal” y sostuvo que el proceso no afectaba el buen nombre y honor de los involucrados.

Martínez de Giorgi coincidió con los argumentos de Taiano, quien había solicitado el sobreseimiento de todos los imputados. El juez consideró que el planteo fiscal estaba debidamente fundado y que no existía una acusación autónoma que justificara continuar con la investigación. La decisión se produjo después de que la Cámara Federal apartara a los inversores afectados como querellantes.

Al analizar la presunta estafa, el magistrado sostuvo que no se había acreditado “un engaño penalmente relevante”. Reconoció que la investidura presidencial pudo darle al token una repercusión y visibilidad particulares, pero consideró que esa circunstancia no demostraba por sí misma la existencia de una maniobra fraudulenta. Según la resolución, tampoco era suficiente inferir un delito únicamente a partir de la distribución final de ganancias y pérdidas.

El fallo señaló que unas pocas billeteras retiraron alrededor de 100 millones de dólares, mientras que más de 40.000 personas que compraron $LIBRA registraron pérdidas después de la publicación de Milei del 14 de febrero de 2025. Sin desconocer esa diferencia, el juez entendió que las pérdidas de los compradores y las ganancias de otros participantes no alcanzaban, por sí solas, para probar una estafa.

También descartó las figuras de abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública a partir de informes de organismos estatales, entre ellos la Oficina Anticorrupción, que consideró el mensaje presidencial un acto individual o privado.

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Respecto de Karina Milei y la hipótesis de tráfico de influencias, el magistrado evaluó documentación encontrada en el teléfono de Novelli. Entre los elementos figuraba una oferta irrevocable de Kelsier Group, fechada el 21 de noviembre de 2024 y dirigida a Novelli, Terrones Godoy y Morales. El documento proponía posicionar a un grupo empresario local en los sectores de Web3, blockchain e inteligencia artificial, mencionaba una posible asociación indirecta con el Gobierno argentino y hacía referencias a Javier y Karina Milei, pero no tenía firmas.

Milei con Hayden Davis, el propulsor de $LIBRA, en su encuentro en nuestro país.

En el mismo dispositivo se encontró una nota que decía en inglés: “Hola muchachos, este es el acuerdo final según lo discutido con H.”. Los peritos confirmaron que el archivo había existido, aunque no pudieron demostrar que se hubiera enviado a otras personas. El juez también cuestionó el alcance de los informes de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), debido a un ingreso indebido de una empleada a documentación reservada que, según un sumario administrativo, afectó de alguna manera la cadena de custodia y parte de la información llegó a la prensa. La resolución no declaró nulos esos informes, pero consideró que no alcanzaban para corroborar la hipótesis delictiva.

Otras medidas tampoco permitieron establecer una conexión concluyente entre los investigados y los hechos denunciados. Las cajas de seguridad vinculadas con Novelli estaban vacías cuando fueron allanadas, aunque las filmaciones registraron ingresos de Rafaele y María Pía Novelli en fechas cercanas al lanzamiento. Los informes técnicos tampoco lograron vincular a Rodríguez Blanco y Mellino con la maniobra, pese a que se habían detectado movimientos de dinero próximos a la fecha de lanzamiento.

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La investigación sobre los criptoactivos permitió reconstruir transferencias desde billeteras identificadas como “Team Libra Wallets” hacia otras direcciones y plataformas de intercambio. Esos hallazgos derivaron en medidas cautelares, pedidos de información y bloqueos de determinadas billeteras, pero las respuestas de las empresas fueron parciales y algunas tareas de rastreo no pudieron completarse por falta de herramientas técnicas bajo licencia. En paralelo, las autoridades estadounidenses cerraron su expediente de asistencia judicial al considerar insuficientes los elementos disponibles para acreditar una conexión entre los investigados, los delitos denunciados y los registros solicitados.

Martínez de Giorgi también tuvo en cuenta dos decisiones de septiembre: el fallo del 4 de septiembre de la Cámara Federal porteña, que apartó a los inversores como querellantes al considerar “diluida” la hipótesis de un plan organizado desde el poder, y una resolución del 29 de septiembre de un tribunal federal de Nueva York que desestimó una demanda civil contra Kelsier Labs y Davis por motivos procesales y sustantivos. Además, no prosperó la ampliación impulsada por la diputada Mónica Frade a partir de declaraciones de Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, quien, según la información incorporada al expediente, no había mencionado a $LIBRA en su testimonio ante la fiscalía de Bolivia.