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La Cámara Federal además ratificó los procesamientos del ex titular de Aysa Carlos Ben y de otra veintena de personas, a quienes también les impuso la prohibición de salir del país
Aldo Roggio, Carlos Wagner y Carlos Ben, entre otros empresarios de la construcción y exfuncionarios de los gobiernos kirchneristas recibieron la confirmación de su procesamiento por parte de la Sala I de la Cámara Federal en la causa que investiga las irregularidades en la licitación de dos plantas potabilizadoras de Aysa, una en la localidad bonaerense de Zárate y otra en Berazategui.
En la investigación, se estudian las irregularidades en la licitación de dos plantas potabilizadoras: "Paraná de las Palmas", la cual le fue asignada a la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Odebrecht, Supercemento SAIC, Benito Roggio y José Cartellone; y la de Berazategui, a cargo de las compañías Camargo Correa y Esuco.
Además, en una pesquisa paralela y que aún está en curso, se intenta determinar si existieron sobornos a funcionarios para acceder a la licitación y si hubo sobreprecios en las obras.
Los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi señalaron que "el aporte de Aldo Roggio (Roggio S.A.), Tito Biagini (Cartellone S.A.) y Carlos Wagner (Esuco S.A.), en tanto presidentes de las empresas que integraban las UTE, estuvo determinado por haber representado la voluntad de asociarse con otras empresas y participar en el concurso convocado por AySA, fingiendo una real competencia".
En la misma resolución, confirmaron la acusación de los ex directores Raúl Biancuzzo, Carlos Donnoli y Antonio Caucion, y del ex gerente Carlos Di Somma; así como de los empresarios Biagini, Eduardo Miguel Blomberg, Conrado Alejandro Martin, Pedro Antonio Casiraghi, Lucas Patricio Cesa, Diego Luis Pugliesso, Roberto Fabián Rodríguez, Gustavo Horacio Dalla Tea, Miguel Fabián Cabanne, Raúl Edgardo Batallán, Sergio Gabriel Chividini y Jaime José Juraszek, como partícipes del delito de administración fraudulenta.
"Los elementos de prueba que conforman la vasta investigación nos permiten concluir que los encartados, cada uno desde su posición o rol, contribuyó a alterar los fines del proceso licitatorio a efecto de direccionarlo hacia las empresas que finalmente resultaron adjudicatarias en condiciones favorables para éstas y en perjuicio de la Administración Pública atento las deficiencias y mayores costos" de las obras, afirmaron los jueces.
En cuanto a los ex funcionarios, "cabe concluir que con sus decisiones incidieron protagónicamente en los sucesos, condicionando con sus actos, dada la calidad que detentaban, la voluntad negocial de la Administración en aras de un interés no administrativo, renunciando así la entidad para la cual prestaban sus servicios -AySA- a optimizar los recursos para una adecuada negociación".
"Del otro lado de la moneda, se advierte también que tal direccionamiento no podría haberse cometido sin un aporte necesario del sector privado, por cuanto los empresarios pactaron previamente con los funcionarios distribuirse los contratos, simulando licitaciones para que les sean adjudicadas las obras, el permiso para modificar las condiciones de contratación y que les fueran otorgadas nuevas obras, obteniendo como consecuencia un lucro indebido en perjuicio de las arcas públicas", agregaron.
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