La Cámara Federal porteña no dio a lugar a los pedidos formulados por las defensas de los acusados y el proceso seguirá abierto

La Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires rechazó los pedidos de nulidad en la investigación por supuestas irregularidades en el acuerdo de pago de deudas de la empresa Correo Argentino al Estado nacional y avaló la investigación del juez Ariel Lijo.

El tribunal de apelaciones confirmó este miércoles los rechazos dispuesto por el juez Lijo a los planteos de nulidad y los planteos de excepción por falta de acción formulados por las defensas de los acusados, entre los que se encuentra el ministro de Defensa y ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.

Tras el fallo de la Cámara, el juez Lijo quedó en condiciones de resolver la situación procesal de los cuatro imputados a los que ya indagó: el ministro Aguad, el ex director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones Juan Manuel Mocoroa, el presidente del Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, y del abogado de la compañía Jaime Leonardo Kleidermacher.

Más allá de allanarle el camino a Lijo para que avance con la investigación, los jueces Martin Irurzun y Leopoldo Bruglia señalaron que dada las versiones contrapuestas que existen en el expediente sobre el monto actual de la deuda se requerirá la "producción de estudios" para contestar los distintos interrogantes.

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Los imputados cuestionaron el dictamen de la fiscal general ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, quien se opuso a la aprobación del acuerdo entre la empresa y el Estado "en el concurso de acreedores de la firma- al advertir que era desventajoso para las arcas públicas, hecho que luego generó la denuncia penal que cayó en el juzgado de Lijo.

Para el fiscal, la oferta presentada por el Correo Argentino SA, y aceptada inicialmente por el Estado Nacional, había sido acordada entre las dos partes previamente, por fuera del ámbito judicial, y los imputados fueron los que protagonizaron esas negociaciones.

El fiscal sostuvo que “se encuentran reunidos los elementos de cargo necesarios para sostener, con el grado de certeza requerido en esta etapa” que, mediante un acuerdo de pago del crédito verificado por el Estado Nacional, los imputados “obligaron abusivamente” a la Administración Pública “con el interés de beneficiar a la firma Correo Argentino SA”.

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