La abogada de Boudou, Graciana Peñafort, informó también que antes de que termine la feria apelará el fallo que revocó el arresto domiciliario de Boudou.

Tras el apoyo internacional expresado en una reciente solicitada que pide la libertad para Amado Boudou, su abogada, Graciana Peñafort, informó hoy que ya "están trabajando en la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos” para que revise la condena del exvicepresidente.

Además, en sintonía con el contenido de la solicitada, Peñafort adelantó que "antes que termine la feria (judicial de enero)" apelará el fallo del juez de ejecución penal Daniel Obligado que revocó el arresto domiciliario de Boudou y dispuso que regrese a la cárcel.

"En abril -agregó Peñafort-, el juez (por Obligado) dijo que no era necesario mortificar a un condenado y a su familia con el cumplimiento de la pena. ¿Lo que no era necesario en abril pasa a ser necesario en diciembre" ¿Por qué cambia de criterio...por la presión mediática?", cuestionó la abogada esta lunes en declaraciones a Radio La Red.

Con el título "Libertad a Boudou", la solicitada publicada ayer en la edición impresa de de dos medios está encabezada por los de los ex presidentes Luiz Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff (Brasil), Evo Morales (Bolivia), Enesto Samper (Colombia, también exsecretario general de Unasur), Fernando Lugo (Paraguay), el ecuatoriano Rafael Correa y Manuel Zelaya (Honduras).

Los exmandatarios encabezan la lista de 4730 firmantes que además integran diplomáticos de la región que se desempeñaron como cancilleres de sus respectivos países: el brasileño Celso Amorim, los ecuatorianos Ricardo Patiño y Guillaume Long, el paraguayo Jorge Lara Castro o el boliviano Diego Pary, entre otros.

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El texto de la solicitada cuestiona a "los medios de comunicación monopólicos y segmentos corrompidos del Poder Judicial" por "generar una estrategia común que envenena la atmósfera política", entre otras acusaciones ligadas a lo que algunos juristas y dirigentes políticos de la región definen como "law-fare", o guerra judicial entablada contra determinados gobiernos de América Latina.

En relación a la solicitada, Peñafort aseguró que el documento fue impulsado "por un grupo de personas que está preocupado y que le está reclamando una respuesta concreta del Poder Judicial y de los medios".

La sentencia contra Boudou a 5 años y 10 meses de prisión fue, ratificada en Casación y luego llegó a la Corte con un recurso de queja, aunque el máximo tribunal se negó a revisar lo actuado con el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que habilita al máximo tribunal a denegar un recurso sin fundamentar las razones del rechazo.

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