Cinco años de prisión a un intendente mendocino

Salgado, que fue jefe comunal de la localidad de Santa Rosa por el Frente para la Victoria por más de ocho años, cuya cabecera se encuentra a 80 kilómetros al este de la capital provincial, todavía no cumplirá prisión efectiva hasta tanto no quede firme la sentencia.

Anteriormente estuvo detenido durante ocho meses, y desde la celda había presentado su dimisión, pero había recuperado su libertad en noviembre de 2016 cuando la sala penal de la Corte Suprema de Justicia de Mendoza revocó la prisión preventiva previo pago de una fianza de un millón de pesos.

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El fiscal Sebastián Capizzi pidió que hasta que la sentencia no quede firme, el ex cacique territorial del FpV cumpla prisión domiciliaria, pero el cuerpo colegiado no hizo lugar al pedido, sin embargo, el ex intendente tendrá que concurrir mensualmente a los tribunales a firmar, y se mantiene la prohibición de salir del país, y tampoco puede abandonar la provincia sin autorización judicial previa. El tribunal estuvo compuesto por los jueces Armando Martínez, Viviana Morici y Zaida Landini, y las fuentes consultadas explicaron que uno de los delitos por los que fue condenado el ex intendente, el de concusión, tiene que ver con exacción ilegal, es decir la exigencia de coimas del entonces funcionario vinculados a la playa de estacionamiento de La Salada que se instaló en ese departamento.

Salgado tiene además otra causa pendiente porque libró aproximadamente 400 cheques de la Municipalidad de Santa Rosa, muchos de los cuales no tenían fondos y algunos los cambió en una financiera, causa por la que se había mantenido prófugo hasta que lo detuvieron, y por la que podría purgar una condena de otros 10 años de prisión.

El tribunal resolvió condenar también a Marcial Ibarra (ex concejal FpV) a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer funciones en la administración pública por el delito de concusión; e igual pena recayó sobre el ex secretario de Hacienda, Franco Ojeda, por ser partícipe necesario en el delito de fraude a la administración pública en modalidad de administración infiel en grado de tentativa.i