Son cuatro jueces del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, que consideraron que el Estado no está obligado a garantizar el libre acceso a la educación.

Legisladores porteños de la oposición presentaron esta lunes el pedido de juicio político a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), que en un polémico fallo consideraron que sólo pueden reclamar judicialmente por el acceso a la educación pública quienes no puedan pagar una escuela privada en la Ciudad.

La medida fue dada a conocer en una conferencia de prensa realizada en la puerta de la Legislatura de la Ciudad (Perú 160). El pedido de juicio político recaería sobre de los magistrados Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano, que dieron sentencia definitiva sobre la demanda presentada por una mamá en representación de su hijo

La mujer había iniciado una acción de amparo a los fines de que se ordenara al gobierno porteño incorporar al menor en un establecimiento público con jornada completa dentro de un radio razonable a su domicilio, o en su defecto, que el gobierno porteño subsidie la cuota de una vacante en un establecimiento de gestión privada u otra solución alternativa.

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Impulsan el juicio político a miembros del Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad

Impulsan el juicio político a miembros del Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad

En la conferencia de prensa los legisladores destacaron que "el fallo dejó afuera cualquier puerta de acceso a la educación pública en la Ciudad de Buenos Aires, ya que no permite que aquellas familias que no consiguieron una vacante en la educación pública por falta de la construcción de escuelas, tampoco puedan recibir un subsidio por parte del Ministerio de Educación para poder pagar una vacante en la privada; una medida que va en contra de decenas de dictámenes de la Justicia porteña que habían fallado en ese sentido".

Esta sentencia no hace más que convalidar la desinversión sistemática en educación pública del GCBA, al tiempo que abona a la idea de una educación organizada según el poder adquisitivo, en sintonía con la postura del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta”, planteó la oposición, que pretende el juicio político para los jueces porque “con su sentencia violan la Constitución de la Ciudad y limitan el pleno ejercicio de derechos”.

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La legisladora Lorena Pokoik del Frente de Todos, abrió la conferencia de prensa al señalar que "este fallo es inédito y le da la espalda a todo lo que hemos avanzado en conquistas de derechos. Es un fallo discriminatorio que está basado en la mercantilización de la educación pública, no nos olvidemos que es el mismo gobierno que le pide a estos jueces que le hagan un fallo a medida, que es el mismo ejecutivo que intentó cerrar los 29 profesorados docentes, de cerrar las 14 escuelas nocturnas, el que intentó cerrar el jardín maternal del hospital del Ramos Mejía y el que no cumplió con la construcción de las 54 escuelas".

Por el bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), la diputada Myriam Bregman aseguró que "esta conferencia de prensa es una primera respuesta a este escandaloso fallo del Tribunal Superior de Justicia y será seguramente el inicio de una serie de medidas que iremos tomando progresivamente porque este fallo no se puede aplicar y no hay que cumplirlo”.

De la jornada participó el gremio docente Ademys, SADOP y diversas organizaciones sociales.

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