El proyecto de conservación de activos digitales es inédito en el país e intentó emular el proceso que siguió el traspaso de la administración de Barack Obama a la de Donald Trump en Estados Unidos, con el intercambio de perfiles digitales

Con una resolución de Jefatura de Gabinete que se publicará en los próximos días, el Gobierno aspira a avanzar en una de las pocas medidas en marcha de la transición hacia la llegada de Alberto Fernández: conservar los contenidos de más de 300 activos digitales -cuentas de Facebook, YouTube, Twitter e Instagram de Presidencia y Casa Rosada, por ejemplo- con cuentas “espejadas” y con un apartado en el Archivo General de la Nación, y también transferir esos usuarios a la gestión del Frente de Todos.

El disparador de esta medida, con todo, fue el “robo a la cuenta de Casa Rosada que realizó en diciembre de 2015 la administradora de la cuenta, Anita Montanaro, que además le había dado un claro perfil propagandístico -según recuerda un funcionario consultado- y conservar “el legado” del gobierno de Cambiemos en las cuentas institucionales de las citadas redes sociales.

El proyecto fue propiciado por un equipo del ministerio del Interior, coordinado el director de comunicaciones Pablo Pérez Paladino, e incluye la colaboración de la Secretaría General de la Presidencia, la Agencia de Acceso a la Información, entre otros organismos, y las empresas Facebook, Twitter y Google (propietaria de YouTube). Nada se hizo para conservar la cuenta presidencial de Snapchat, que ha tenido menos uso aunque en 2016 tuvo un registro viral cuando Mauricio Macri y Marcelo Tinelli jugaron con sus caras.

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El proyecto de conservación de activos digitales es inédito en el país e intentó emular el proceso que siguió el traspaso de la administración de Barack Obama a la de Donald Trump en Estados Unidos, con el intercambio de perfiles digitales.

El proyecto estaba contemplado para su discusión en la frustrada ley de transición de mandatos que había impulsado Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos, y también en las últimas semanas era parte del decreto que había elaborado Jefatura y a último momento, por falta de acuerdo con los delegados de Alberto Fernández, desistió de publicar en el Boletín Oficial.

Lo cierto que hasta el 9 de diciembre cada ministerio tendrá tiempo para “bajar la data” para la creación de las cuentas espejo –por ejemplo, Casa Rosada 2015-2019, que mantendrá los contenidos de la gestión saliente-. De hecho, Fernando de Andreis, secretario general de la Presidencia, tendrá la misión de traspasar las cuentas de Casa Rosada y Presidencia. En los hechos, deberán entregarles las “claves” de cada perfil y detalles sobre los contenidos.

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Jefatura de Gabinete, en tanto, se ocupará de coordinar las de los ministerios y secretarías de estado, como Anses, Pami, Dine (Dirección nacional electoral), o el Inti. En principio, serían 23 organismos pero que podrían multiplicar por cuatro –de acuerdo a si tienen o no perfiles en las plataformas citadas- sus cuentas.

El funcionario consultado respondió ante la consulta de este medio que hubo una consulta “informal” hacia los emisarios de Fernández y que manifestaron su conformidad con la conservación de los activos digitales y la instrumentación del “traspaso digital” de las cuentas institucionales.

El proyecto contempla, entonces, la conservación y transición de los activos digitales institucionales a través de dos vías: espejar las cuentas de la gestión 2015-2019 para que el gobierno siguiente pueda continuar utilizando la cuenta institucional original y que en otra cuenta estén disponibles para la ciudadanía los contenidos de la administración saliente.

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También. a diferencia los procesos de transición de México, Colombia o Chile, aquí se promueve descargar los contenidos de las plataformas para que el Archivo General de la Nación los conserve y, así, formen parte de la historia de Argentina, con libre acceso para su consulta. La empresa estatal Arsat, que cuenta con el data center más grande de Latinoamérica, alojará los activos digitales a conservar.

También, se descuenta, habrá un “traspaso virtual” entre ambas gestiones, se supone, con contenidos amigables. En última instancia, en Casa Rosada aducen que es un paso hacia el sentido común y la institucionalidad a fin de evitar “el papelón” de diciembre de 2015. La resolución que se publicará en los próximos días sentará un precedentes pero no tendrá efectos extensivos para el próximo gobierno. Esa será la tarea de la próxima dirigencia, concluyen en Casa Rosada.

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