Condenan al Estado argentino por la destitución del exjuez Eduardo Moliné O'Connor

De acuerdo a lo que informó el tribunal internacional, la remoción "vulneró el principio de independencia judicial", debido a que se fundamentó en el contenido de las sentencias que el magistrado había firmado durante su función, al mismo tiempo que señaló diversas irregularidades en el proceso.

La CIDH estableció que el juicio político por "mal desempeño" no puede justificarse en las decisiones tomadas por un juez en ejercicio e indicó que, durante el trámite parlamentario, no hubo suficiente sustento para determinar la destitución, además de no haber dado las respuestas adecuadas a los recursos presentados por Moliné O'Connor.

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A su vez, cuestionó la revocación de su pensión vitalicia en 2004 y la demora de casi 20 años en resolver el reclamo contencioso-administrativo. También exigió que las autoridades argentinas apliquen el artículo 53 de la Constitución Nacional en consonancia con la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.

Como el exjuez falleció en agosto de 2014, el tribunal dispuso medidas económicas y administrativas en favor de sus herederos, que deberán cumplirse en el plazo de un año; paralelamente el Estado tendrá que restablecer el régimen de pensión correspondiente conforme a la Ley 24.018, con efecto retroactivo a la fecha de su fallecimiento, más una indemnización de 300.000 dólares para su viuda y de 75.000 dólares para cada uno de sus cuatro hijos, en concepto de daños, además de 30.000 dólares destinados a los representantes legales por costas y gastos.

Quién fue Eduardo Moliné O’Connor

Eduardo Moliné O’Connor se desempeñó como abogado y juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación entre 1990 y 2003. Nacido en Buenos Aires en 1938, se graduó en Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA) en 1963 y desarrolló buena parte de su carrera profesional en el ámbito del derecho civil y comercial.

Antes de llegar al máximo tribunal, trabajó en la administración de Justicia, en Obras Sanitarias de la Nación y en la Cancillería, además de ejercer la abogacía en su propio estudio. Fue designado juez de la Corte Suprema en el año 1990, durante la presidencia de Carlos Menem, y formó parte de la denominada "mayoría automática".

El Senado lo destituyó el 3 de diciembre de 2003, por 45 votos afirmativos contra 19 negativos, por "mal desempeño" en sus funciones.