Lo dispuso su Rectorado en busca de defender su autonomía. Consideró que las auditorías encargadas por el Gobierno a la SIGEN son una "intervención anticonstitucional".
El Rectorado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) comenzará acciones legales para defender su autonomía frente a lo que considera una intervención inconstitucional por parte de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que el lunes comenzaría a auditar sus gastos en medio del conflicto entre el Gobierno y las casas de altos estudios.
La medida fue adoptada por el Consejo Superior de la UBA y, entre sus argumentos, mencionó que la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 19, garantiza la autonomía y autarquía de las universidades nacionales, estableciendo que estas instituciones deben estar desvinculadas del Poder Ejecutivo y sujetas únicamente a la potestad regulatoria del Congreso.
A su vez, destacó que la Corte Suprema de Justicia reafirmó esta autonomía, al estipular que cualquier intervención del Poder Ejecutivo en las actividades académicas y financieras de las universidades es inapropiada. La Ley de Educación Superior también refuerza esta independencia, limitando las posibilidades de injerencia del Poder Ejecutivo.
En el marco del conflicto por el financiamiento a las casas de altos estudios, el Gobierno anunció días atrás que la SIGEN, a cargo de Miguel Blanco, comenzará a auditar la UBA a partir de este lunes 28. Será el primer lugar donde pondrá la lupa en las cuentas de las facultades públicas.
"La UBA rinde cuentas de todos sus fondos y es uno de los entes más controlados y auditados del sector público", afirmó un documento publicado por esta universidad. "La SIGEN no tiene competencias para auditar a las universidades nacionales", agregó.
Las auditorías en las universidades nacionales a las que se derivan fondos del Estado fueron anunciadas por el gobierno de Javier Milei, después de que la Procuración del Tesoro de la Nación, cuyo titular es Rodolfo Barra, firmó una resolución que habilita a la SIGEN a auditar las casas de altos estudios.
En ese contexto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, rechazó esta presentación judicial e insistió con la postura del oficialismo de ir a fondo con las auditorías. "La Universidad de Buenos Aires ha decidido iniciar acciones legales para intentar evitar que se inicien las auditorías que muchos argentinos reclaman. La gente merece saber en qué se gasta el dinero de sus impuestos: algunos parecen no entenderlo. Fin", manifestó en sus redes sociales.
También llegó la respuesta de Milei: "La UBA se niega a ser auditada", disparó el presidente y luego explicó que lo anterior "no sólo revela que las autoridades están sucias". Y concluyó: "Las cosas son peores a lo que imaginamos".
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