Constitucionalistas coincidieron en el rechazo a renuncia voluntaria de fueros

En una reunión presidida por Pablo Tonelli, los invitados Alfonso Santiago, Angélica Gelli, Jorge Vanossi y Alberto Bianchi dejaron sentado su posición contraria a la iniciativa que había tenido el massismo y Margarita Stolbizer (hoy socios electorales en el frente 1País) cuando se discutían alternativas para lograr el apartamiento del exministro de Planificación Federal del kirchnerismo.

“Sin perjuicio de valorar actitud heroica de algunos legisladores, creo que los fueros no son renunciables. Hay una razón práctica: no se puede renunciar a lo que no es propio. La garantía no se le otorga en razón de la persona sino en razón de la función y del electorado”, fundamentó Bianchi.

En la misma sintonía, Vanossi (quien es parlamentario del Mercosur por el Frente Renovador) remarcó que las inmunidades parlamentarias son “normas de orden público inderogables e irrenunciables de carácter imperativo”.

Si bien rescató las buenas intenciones de los diputados que proponen ese camino para realzar la transparencia de sus actos y “en su afán de poner coto a ilícitos”, aclaró que dicha iniciativa no es viable constitucionalmente porque “los fueros pertenecen a la institución y son inherentes a garantizar el normal funcionamiento del Congreso”.

“Llegado a un extremo podría generar que deje de funcionar la Cámara”, advirtió.

Santiago, por su parte, señaló que no juzga “conveniente” la renuncia voluntaria a los fueros y que no configura una “buena práctica”.

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Hasta ahora, a la Cámara baja ingresaron 12 proyectos para reformar la ley 25.320 de reglamentación de inmunidades parlamentarias, incluida una iniciativa del PRO para prohibir que los condenados por delitos de corrupción puedan ser candidatos a ingresar al Congreso, homologando en ese sentido con los delitos de lesa humanidad.

Santiago se pronunció a favor de esta propuesta, pero aclaró que a su criterio no debería bastar una sentencia de primera instancia para excluir a un candidato.

“Puede ser legítima la exclusión de quienes hayan sido condenados por delitos de corrupción para ser candidatos. Ya se hizo con delitos de lesa humanidad. Se podría extender a los delitos de corrupción. Pero no estoy de acuerdo con que la exclusión se haga con sólo un fallo de primera instancia. Por lo menos debe haber una segunda instancia que lo confirme”, reflexionó.

En este punto, intervino la autora del proyecto del PRO, Silvia Lospennato, quien defendió el criterio adoptado en la propuesta al explicar que la ratificación de “condenas por delitos de corrupción llevan más de 10 años” y que esa es 2la realidad” que el legislador debe sopesar.

“No veo por qué habría que esperar tanto para que pudiera realizarse teniendo en cuenta que uno legisla en una realidad. Y nuestra realidad es que las condenas por delitos de corrupción llevan más de 10 años”, evaluó.