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El proyecto busca actualizar la ley vigente desde 2010, con foco en intervenciones ante riesgos, nuevos criterios médicos y mayor participación estatal.
El Gobierno anunció que enviará al Congreso un proyecto para reformar la Ley de Salud Mental sancionada en 201 bajo el argumento de mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones críticas y que incorpora un nuevo criterio para actuar en casos complejos en la que existe “situación de riesgo de daño” para la persona o terceros.
La propuesta surge tras un relevamiento de testimonios de familiares, pacientes, profesionales y actores judiciales, que detectaron dificultades en la aplicación práctica de la normativa vigente.
Desde el Ministerio de Salud sostuvieron que el marco actual genera demoras en intervenciones urgentes y a partir de esta iniciativa se busca "superar limitaciones para abordar casos de riesgo y emergencia”.
Internaciones y control judicial
El proyecto mantiene la internación como último recurso, pero introduce ajustes, entre ellos, la posibilidad de internaciones involuntarias indicadas por psiquiatras y revisadas por equipos interdisciplinarios.
También se amplía el plazo para informar a la Justicia de 10 a 24 horas, y se contemplan situaciones en las que una internación voluntaria pueda pasar a ser involuntaria si se evalúa que la persona no puede decidir por sí misma.
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El texto propone reemplazar definiciones consideradas imprecisas por estándares internacionales y en ese sentido, se adoptaría la Clasificación Internacional de Enfermedades, con el objetivo de lograr diagnósticos más claros.
El Gobierno también identificó desigualdades en el sistema: pocas provincias adheridas plenamente a la ley y una limitada cantidad de hospitales con servicios de salud mental. Además, se busca fortalecer la red de atención, incluyendo instituciones especializadas.
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