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La Cámara Nacional Electoral define si corresponde reimprimir las Boletas Únicas de Papel. La Junta Electoral y el fiscal electoral advirtieron que el proceso sería costoso y materialmente imposible por los tiempos.
La Cámara Nacional Electoral (CNE) deberá definir en las próximas horas si ordena o no la reimpresión de las boletas con la foto de Diego Santilli, flamante candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires.
La discusión se abrió tras la resolución judicial que habilitó a Santilli a reemplazar a José Luis Espert, quien renunció a su candidatura luego de que se conociera su vínculo con el empresario acusado por narcotráfico Federico Machado. Espert también pidió licencia en la Cámara baja hasta el 8 de diciembre.
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La Junta Electoral bonaerense, encabezada por Hilda Kogan, y el fiscal electoral Ramiro González coincidieron en que no están dadas las condiciones para volver a imprimir las boletas, debido al escaso tiempo restante antes de las elecciones, los desafíos logísticos y el enorme costo económico que implicaría.
En un dictamen reciente, la Junta solicitó al Ministerio del Interior un informe detallado sobre el costo estimado de una eventual reimpresión de la totalidad de las Boletas Únicas de Papel (BUP) del distrito, la existencia de partidas presupuestarias disponibles, la necesidad o no de un nuevo proceso licitatorio, las imprentas habilitadas y los plazos posibles de entrega del material.
Fuentes oficiales advirtieron que el proceso implicaría volver a producir, encuadernar, escanear, controlar y distribuir más de 12 millones de boletas, lo que demandaría tiempos incompatibles con el cronograma electoral.
Además, la Junta Electoral estimó que el gasto superaría los 12.000 millones de pesos, calificando la tarea como “materialmente imposible” y contraria a los plazos perentorios fijados por la ley electoral.
En ese contexto, la decisión final de la Cámara Nacional Electoral será clave: deberá equilibrar el principio de transparencia electoral con la viabilidad operativa y presupuestaria de una medida que, según la mayoría de los especialistas, ya no tiene margen de ejecución antes de los comicios nacionales.