Gerardo Díaz Ferrán fue detenido en Madrid acusado por la Audiencia Nacional de presunto blanqueo de capitales y ocultación de bienes a sus acreedores mayoristas.
El ex propietario del Grupo Marsans Gerardo Díaz Ferrán fue detenido en Madrid acusado por la Audiencia Nacional de presunto blanqueo de capitales y ocultación de bienes a sus acreedores mayoristas, a quienes la quebrada empresa de turismo adeudaba alrededor de 45 millones de euros.

Díaz Ferrán, de 69 años y considerado uno de los principales responsables de la crisis de Aerolíneas Argentinas durante su administración privada, se produjo en el marco de la Operación Crucero en que se investiga la quiebra del grupo turístico español, ocurrida en 2010, informaron las agencias DPA, EFE y Europa Press.

En la causa fueron detenidas nueve personas, entre ellas el actual dueño de Nueva Rumasa y de Marsans, Angel de Cabo, a quien acusan junto a Díaz Ferrán y al antiguo socio de éste Gonzalo Pascual (fallecido en junio) por supuesto ocultamiento de parte de su patrimonio con el fin de evitar posibles embargos.

Los ex propietarios de la agencia de viajes Marsans y el actual titular del grupo son el centro de la querella presentada por AC Hoteles, Meliá, Pullmantur y el grupo Orizonia, acreedores de Marsans por unos 45 millones de euros.

La causa se remonta a 2010 cuando los directivos vendieron a la empresa Posibilitum las acciones de Marsans, en manos de otra empresa Teinver S.A.

Esta operación se realizó presuntamente para ocultar el patrimonio real y así evitar hacer frente a los pagarés sin fondos que Marsans venía entregando desde 2009 a sus mayoristas.

El detenido ex dueño de Marsans también enfrenta otras dos causas judiciales ante tribunales de la Audiencia Nacional, una de ellas por la presunta comisión de delito fiscal en la operación de compra de Aerolíneas Argentinas, en 2002.

El juicio por esta última causa está previsto para febrero, y la fiscalía pide para Díaz Ferrán y para el expresidente de Air Comet (compañía aérea de Marsans) dos años y cuatro meses de prisión y una indemnización conjunta de 99 millones por un delito contra la Hacienda Pública tras la compra de la aerolínea argentina.


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