La Cámara de Diputados aprobó ayer y giró al Senado un proyecto para modificar la Ley de Protección Integral a las Mujeres que busca incorporar la violencia callejera a esa norma. El caso de Aixa Rizzo, el disparador.

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado un proyecto para modificar la Ley de Protección Integral a las Mujeres que busca incorporar la violencia callejera a esa norma y que contempla, entre otras cuestiones, la implementación de una línea telefónica gratuita para dar contención y asesoramiento para las mujeres que la padezcan.

Se trata de una iniciativa de la diputada kirchnerista Diana Conti que busca incorporar este tipo de violencia de género a la ley de Protección Integral a las Mujeres sancionada en 2009 y añadirla además a los contenidos mínimos curriculares, a la vez que insta a las fuerzas policiales y de seguridad a actuar en protección de las mujeres víctimas del acoso callejero.

Entre otras cuestiones, la iniciativa -que reúne además otro proyecto de la diputada Victoria Donda (Libres del Sur)- contempla la creación de una línea telefónica gratuita y accesible en forma articulada con las provincias a través de organismos gubernamentales pertinentes, “destinada a dar contención, información y brindar asesoramiento” a quiénes padezcan acoso callejero.

La iniciativa incorpora el acoso callejero como tipo de violencia contra la mujer, además de la violencia institucional, doméstica, laboral y mediática, entre otras formas.

De esta manera, el acoso callejero quedaría tipificado como “violencia contra las mujeres en el espacio público”, es decir, “aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de acceso público como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia o generen un ambiente hostil u ofensivo”.

A través del proyecto, se establece la obligatoriedad de articular en el marco del Consejo Federal de Educación la inclusión en los contenidos mínimos curriculares de la perspectiva de género, el ejercicio de la tolerancia, el respeto y la libertad en las relaciones interpersonales, la igualdad entre los sexos, y la deslegitimación de modelos violentos de resolución de conflictos y de la “violencia contra las mujeres en el espacio público” conocida como “acoso callejero”.

Ocho de cada diez lo sufren en Provincia

Ocho de cada diez mujeres fueron víctimas de acoso callejero, aunque el 97 por ciento de los casos no realizó la denuncia, según revela un informe de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires sobre un relevamiento en La Plata, Ezeiza, Esteban Echeverría y Lomas de Zamora.

El informe, elaborado por el Observatorio de Niñez y Adolescencia del organismo, apuntó a analizar una práctica cotidiana y masiva pero cuyo impacto es poco observado.

En base al testimonio de 300 mujeres de distintas edades de las localidades de La Plata, Ezeiza, Esteban Echeverría y Lomas de Zamora, se evidencia que el hostigamiento comienza en la preadolescencia.

El relevamiento detectó que 8 de cada 10 mujeres sufrieron situaciones de acoso callejero y el 97% no lo denunció y el 60% indicó que el acoso fue verbal, el 3,5% físico y el 35% incluyó las dos formas.

Además determinó que el 37% de estas situaciones se produjeron en la vía pública; el 18% en plazas; otro 18% en medios de transporte y el 10% en el trabajo.

En tanto, las víctimas de acoso indicaron que el 74% fue provocado por desconocidos; el 18% por conocidos, mientras que el 8% sufrió estas situaciones tanto por conocidos como por desconocidos.

Sobre la base de este trabajo, el organismo que preside Guido Lorenzino elaboró una serie de propuestas, entre ellas el diseño de un marco jurídico provincial para prevenir, tratar y sancionar el acoso callejero en el espacio público.

También prevé la creación de un programa provincial cuyos objetivos sean la asistencia, orientación y acompañamiento a las víctimas, en base al vínculo con organizaciones de la sociedad civil, entidades educativas y el Estado.

Además, propone la modificación del código de faltas provincial sobre acoso callejero en el espacio público estableciendo nuevas sanciones y que lo recaudado por motivo de estas sanciones sea destinado a programas de prevención y asistencia a las víctimas.

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